Con la totalidad de los votos a favor, excepto de CiU, que votó contra los aspectos relativos a las competencias autonómicas y se abstuvo en los restantes, y del PP, que expresó su oposición a determinados puntos en materia de ‘estándares libres’, la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso ha dado luz verde al Proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP) que incluye, como novedades destacadas, el derecho de los ciudadanos a utilizar los programas y el software que deseen en sus trámites electrónicos con la Administración.

El texto, que pasa ahora al Senado, responde de esta forma a las demandas de distintos colectivos, como Hispalinux y la Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII); y persigue que “no haya discriminación hacia el usuario que elija un software libre y así evitar los monopolios de las principales compañías informáticas”, en palabras de la diputada socialista, Lourdes Muñoz.

En esta línea, la futura ley incluye en el apartado indicado para tal fin una definición de ‘estándar abierto’, un avance que hasta el momento sólo Francia ha hecho suyo en el conjunto de la legislación europea; así como el concepto de ‘estándar libre’, considerándose como tal aquel que “sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso”, con el matiz adicional de que “su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial”.

La futura ley recoge asimismo la obligación de las tres administraciones de garantizar la interoperabilidad entre sus sistemas, de forma que los trámites que se realicen en un nivel, sean efectivos y válidos en el otro. Con ese propósito y como explicó el director general de Modernización Administrativa, Juan Miguel Márquez, se creará un Esquema Nacional de Interoperabilidad.

La creación de la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica es otra de las novedades que aporta la ley, que persigue con este agente garantizar el cumplimiento de los derechos que reconoce.