Catorce países integrantes de la Unión Europea han formado el consorcio Stork (Secure Identity Across Borders Linked, en sus siglas inglesas) con el objetivo de facilitar el uso del DNI electrónico en toda la UE para los ciudadanos y empresas que lo posean. Entre los integrantes se encuentran Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Austria, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido, además de Islandia (que forma parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo).

El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) es el representante de España dentro del consorcio, participando de forma activa en el mismo, ya que se ocupa de temas como la definición y desarrollo de protocolos necesarios para intercambiar información y aceptar los DNI electrónicos de otros países miembros. Además, el MAP también es el principal impulsor de programas piloto para utilizar los identificadores en casos como los cambios de domicilio y la movilidad de estudiantes.

El DNI electrónico español vio la luz en 2006 con la finalidad de que los ciudadanos pudieran acceder a diversos servicios desde Internet. Las certificaciones digitales que incorpora el chip de la tarjeta permiten identificarse de manera segura, rápida y cómoda en cualquier administración pública y realizar firmas electrónicas con el mismo valor legal que la manuscrita.