El próximo 30 de octubre se cumplen la suma de los plazos para cumplir con la Ley 30/2007 de Contratos con el Sector Público, donde se establece que “el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de extensión”.

A falta de unos días para llegar a ese horizonte, más de la mitad de las administraciones públicas aún no utilizan la factura electrónica. Esta es una de la principales conclusiones que se desprende de un estudio realizado por Seres que analiza la implantación de la eFactura en las entidades públicas, tanto a nivel local, como autonómico y estatal. Según los datos recogidos, con fecha de 31 de agosto de 2010, “sólo el 40% de las 286 entidades estudiadas (el 72% pertenecían a ayuntamientos, y el restante corresponde a personas de 16 sedes ministeriales y 19 a entidades de las diferentes comunidades autónomas), hacen uso de la factura electrónica, o tienen previsión de hacerlo próximamente; frente a un 59, 84% que no la utiliza o no tiene previsión de hacerlo”.

Si desglosamos los datos dividiendo los obtenidos en ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, de acuerdo con el estudio de Seres, los primeros son los que peores resultados han mostrado. En este sentido, el texto dice que la necesidad de crear crear un entorno común entre ministerios donde todos ellos puedan trabajar con la factura electrónica ha sido el motivo por el que se ha producido un retraso en la puesta en marcha de la mayoría de los proyectos ministeriales. De momento, “el único ministerio que cuenta con un sistema de facturación electrónica es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, se explica desde Seres. Algunos ministerios, como el de Fomento, han realizado alguna implantación sin que tenga en la actualidad resultado operativo.

Por su parte, y según este estudio, un 37% de las comunidades autónomas ya cuentan con un sistema para que sus proveedores puedan emitir la factura electrónica. Junto con el 26% de entidades que van a poner en marcha a corto plazo la e-factura muestra que más del 60% de las comunidades autónomas están o van a estar en poco tiempo dispuestas a recibir e-facturas.

Finalmente, dentro del marco de los ayuntamientos, La Rioja se sitúa a la cabeza en el uso de la eFactura al contar con el mayor porcentaje de ayuntamientos que pueden facturar telemáticamente, con un 20% de implantación, seguida de Cataluña, con un 19%; Cantabria con un 15% y la Comunidad de Madrid, con un 14%. En el lado opuesto, hay comunidades como Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, en las que casi ninguno de los ayuntamientos encuestados usaba la factura electrónica.