2012 ha dado ya el chupinazo, y ya pocos creyentes se encomiendan a su patrón, pues la crisis encostrada nos ha hecho caer en un escepticismo demasiado indolente. El primer recorte anunciado por el flamante Gobierno con aires de forense hace pensar que las compañías de momento tendrán que abstenerse de sacar tajada de la Administración Pública.

El déficit del 8% pesa como una losa gigantesca y son muchos los millones de euros que hay que racanear para que desde Bruselas nos miren con consideración y nos permitan bandear nuestra deuda soberana. El Estado, el tractor de las TI, está varado, sin capacidad de maniobra, víctima de una liposucción en la que le va la vida. De momento, la investigación científica y tecnológica ha recibido un buen varapalo, con una reducción de 600 millones de euros en concepto de préstamos y subvenciones.

De nuevo la I+D+i, tan encomiada en discursos y diversos foros políticos, acaba mordiendo el polvo, y limitando las opciones de nuestro país de alcanzar la sociedad del conocimiento que tanto se anhela para encontrar el camino de la recuperación económica y la rehabilitación de España en el concierto mundial. El Ministerio de Industria también sufre su alicuota del recorte abismal de presupuesto, el 51,9%, lo que se traduce en 1.091,69 millones de euros.

La cartera que sirve de paraguas de la industria TIC se va a ver seriamente paralizada, y entonces se recrudecen los interrogantes acerca del plan Avanza2 y todas las iniciativas acometidas por el Gobierno saliente en los últimos ocho años. Si el Estado ahorra cerca de 9.000 millones en las instituciones públicas, las noticias para los proveedores tecnológicas no son precisamente halagüeñas. ¿Qué le quedan a las compañías? Internacionalizarse, especializarse y vitaminarse, a la espera que los ajustes empiecen a dar resultados y la inversión extranjera vuelva a creer en nuestro terruño.