Tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno ha presentado su anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que busca mejorar el entorno económico e impulsar la competitividad. Para ello incluye un amplio conjunto de medidas que van a modernizar la economía principalmente en tres sectores: financiero, empresarial y medioambiental. Y en este cambio normativo, las tecnologías y la innovación tienen uno de los papeles protagonistas.

En lo que al sector TIC atañe, destaca de esta suite de normas el impulso que la Ley dará a la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito privado a través de la política fiscal con mejoras fiscales en I+D+i (amplía la deducción por inversión en I+D+i del ocho al 12 por ciento). Simplificará los trámites administrativos para la celebración de contratos de I+D; e impulsará la creación de empresas innovadoras de base tecnológica por Universidades y organismos públicos de investigación.
 
    También contempla reforzar la Sociedad de la Información ofreciendo banda ancha universal con una velocidad mínima de un megabit por segundo antes del año 2011; concediendo nuevas frecuencias ya que el refarming y el dividendo digital permitirán el incremento de frecuencias para nuevos servicios de banda ancha en móvil; y facilitando el acceso a las redes de telecomunicaciones ultrarrápidas ya que todos los nuevos edificios dispondrán de los elementos necesarios que permitan dicho acceso.

Más específicamente, se facilitará el uso las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz para la prestación de servicios de tercera generación, lo que abaratará su coste y aumentará su calidad; la banda de frecuencias 790 -862 MHz que se liberará al llevar a cabo el apagón analógico, podrá utilizarse para la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas; y se reducirá la tasa general de operadores de telecomunicaciones. En 2010 será del 1/1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación.

Otro aspecto que cubre este anteproyecto es la internacionalización empresarial ya que se amplía el concepto de internacionalización: exportación directa de bienes y servicios, impulso de marcas o transferencia de tecnología.

Finalmente, en sostenibilidad medioambiental, el Gobierno quiere reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Y entre otras medidas, propone certificar la reducción de emisiones creando un “sello” que reconozca el uso de tecnologías de baja intensidad de carbono; y fomentar las actividades de I+D+i en este área

Contratación pública y colaboración público-privada
El objetivo fundamental es agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, mediante la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Y algunas de las novedades son:
• Se excluye la obligación de efectuar evaluación previa cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un supuesto similar
• Elevación a definitiva de la adjudicación provisional cuando el adjudicatario presente la documentación requerida, sin agotar el plazo de quince días hábiles general, salvo que el contrato sea susceptible de recurso especial.
• Los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Los modificados no podrán superar el 20 por ciento. Si el contrato no puede modificarse, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes
• Regulación de la colaboración entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales, las denominadas sociedades de economía mixta: se regula la elección de socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia. Se abre la posibilidad de obtener avales del Estado para la financiación de actuaciones de colaboración público-privada
• Aumento del porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30 al 50 por ciento, con el objetivo de fomentar la participación de pymes en la contratación pública.