En lo que llevamos de año, ya se puede constatar los sinsabores de la modernización tecnológica de la Administración Pública, resentida por la severa reforma llevada a cabo por el Gobierno para rebajar el objetivo de déficit establecido por la Unión Europea. Ya no se despilfarra, y el número de concursos puestos en marcha por las instituciones públicas ha caído en picado como hemos podido verificar desde Computing. Es más, la Asociación Española de Consultoría confirmaba hace unos días nuestras sospechas al alertar que las licitaciones en contratos de servicios habían sufrido un descalabro del 41% en nuestro país.
Pese a que el Ejecutivo esgrime la deuda de los ayuntamientos para justificar el contenido de la reforma emprendida, curiosamente son los consistorios los más activos en cuanto a proyectos de TI. Según nuestra base de datos de proyectos, un cuarto de ellos han sido emprendidos por la Administración local, aunque la institución más dinámica está siendo la Generalitat de Catalunya. Asimismo, les siguen en diligencia, Sanidad y Educación.
Por otro lado, marcados por unas propuestas de ajuste siendo el criterio del precio el que más inclina la balanza en el 60% de las adjudicaciones, las grandes líneas en las que la Administración ha venido trabajando en los últimos meses son el aumento de la estandarización y la simplificación, el aprovechamiento de los recursos optimizando ciertas áreas, o la introducción de nuevas tecnologías que buscan el ahorro de costes.
En líneas generales y para dar una pincelada del avance, estos son algunos de los proyectos que están mejorando la eficiencia y ajustando el funcionamiento de los servicios públicos, en pleno adelgazamiento de la Administración Pública:
