Desde 2002 se han ido reduciendo progresivamente los precios del roaming en Europa hasta dar lugar a la imposición de una regulación comunitaria (la RLAH) que pretende hacer realidad el “roam-like-at-home” a partir del 15 de junio de 2017. En concreto, los precios pactados fueron de 0,032 euros por minuto para llamadas de voz; 0,01 euros por minuto por SMS; y una reducción gradual de 5 años para los límites de datos, que pasa de 7,7 euros por GB (al 15 de junio de 2017) a 6 euros por GB (al 1 de enero de 2018), 4,5 euros por GB (a partir del 1 de enero de 2019) 3,5 euros por GB (a partir del 1 de enero de 2020), 3 euros por GB (a partir del 1 de enero de 2021) y 2,5 euros por GB (a partir del 1 de enero de 2022).
Para analizar el impacto de esta normativa en los operadores y ciudadanos europeos, Altran acaba de presentar el informe Zero Roaming, A pitfall of European regulation, un estudio en el que pone de manifiesto que las medidas del viejo continenteafectarán negativamente a los países del sur provocando una “transferencia de renta de pobres a ricos”. Tal y como ha explicado Borja García-Canfrán, director Asociado de Business Consulting, la ley consta de cuatro pilares: precios mayoristas (mencionados arriba); cláusula de sostenibilidad (que permitirá a los operadores que estén perdiendo dinero solicitar recargos a sus clientes); abolición de precios de retail (no habrá cargas extras en los abonados por roaming); y política de uso razonable (“basada en indicadores un poco laxos porque da lugar a interpretaciones”, puntualiza el directivo). Partiendo de esta premisa, la consultora ha detectado que los países importadores de roaming (los que reciben más turistas que envían, como el nuestro) tendrán un impacto importante por esta regulación en tanto en cuanto si los operadores no cubren costes, tendrán pérdidas y como ellos no se pueden acoger a la cláusula de sostenibilidad, lo más probable es que reaccionen ante este desfase con una reducción de la calidad del servicio o subidas en tarifas en doméstico, es decir, la red funcionará peor para los habitantes de estos países (como los españoles) y deberán pagar más por sus llamadas o consumo de datos en local. De esta manera, los habitantes del sur estarían sufragando el tráfico de los del norte, lo que aumenta la brecha digital.
A todo ello hay que sumar el impacto en los procesos pues todo hace aventurar que si se elimina la itinerancia los patrones de consumo cambiarán. Con el sobrecoste del roaming, los usuarios se cortaban de ver vídeo, por ejemplo, si tiene tarifa plana, el panorama será distinto. Y esto implica que habrá que tener unas infraestructuras aptas para soportar estos modelos. Pero aquí entra otro factor en cuestión y que, según Altran, no se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la normativa: la estacionalidad. Los turistas vienen a nuestro país en determinadas épocas del año (fundamentalmente en verano) lo que obligaría a redimensionar las redes para atender esos picos de tráfico. Sin embargo, como confiesa Borja García-Canfrán, esta tecnología todavía no existe ahora mismo, es decir, no está al cien por cien operativa y habría que esperar a la llegada del 5G para lo que todavía queda bastante; mientras tanto, la norma sigue vigente y el precio por Giga va bajando. Así pues, si a los operadores no le salen las cuentas, la inversión de redes con tecnologías como NFV, SDN, 5G… queda tocada y poder responder a esa demanda estacional con calidad y a buen precio, se complica. España, Croacia y Chipre se han puesto en contra de la normativa.
Estrategias para minimizar su impacto
Asimismo, Altran ha indicado las estrategias que grandes telco (propietarios de red) llevarán a cabo para minimizar el impacto de la norma o para sacar provecho de la misma. Una de esas prácticas será el firmar acuerdos o alianzas entre filiales del mismo grupo (como ha hecho Vodafone y está sopesando hacer Telefónica).
Por otro lado, los MVNO podrán realizar acciones de dudosa legalidad –y que correrán a cuenta del MNO- como el falso itinerante (vender una SIM en el país de destino y usar la parte doméstica); comercializar desde un país una SIM de otro para venderlo en un tercero; y el arbitraje de precios creando una federación europea para acuerdo entre países importadores y exportadores de roaming.
