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El sector digital denuncia el aumento de tarifas de la propiedad intelectual

Según la patronal tecnológica, el cambio de criterio de las tarifas que se abonan a las entidades por la utilización de contenidos genera inseguridad jurídica

La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, patronal tecnológica que reúne a las principales empresas del sector de la tecnología e innovación digital en España, incluyendo a los operadores de telecomunicaciones, ha trasladado a los grupos parlamentarios su disconformidad ante las enmiendas tramitadas por la Comisión de Cultura del Congreso en relación con el Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

DigitalES, que reitera su firme compromiso con la protección de nuestro patrimonio cultural y expresa “el máximo respeto a la protección de los derechos de propiedad intelectual”, entiende que “dicha protección se debe realizar de la manera más fácil, rápida, efectiva y económica posible”. Además, DigitalES recuerda que en los últimos años los operadores han destinado en torno a 200 millones de euros para crear películas y series.

Sin embargo, “algunos puntos en las enmiendas a la Ley no parecen perseguir estos objetivos y deberían reenfocarse tras un diálogo y acuerdo con todos los actores implicados en este ecosistema”.

Tarifas abusivas

Tal y como se recogía en el acuerdo vigente, los operadores no pagan por el uso que hacen de los contenidos representados por las entidades, sino que abonan una especie de tarifa plana, un porcentaje de sus ingresos, que les permite acceder a dicho catálogo de contenidos. Según la patronal tecnológica, el cambio de criterio de las tarifas que se abonan a las entidades por la utilización de estos contenidos genera inseguridad jurídica.

“Las tarifas anteriores ya estaban sobredimensionadas”

Para DigitalES “la redacción del texto de las enmiendas parte de la base de que las tarifas anteriormente aprobadas por las Entidades de Gestión eran adecuadas, premisa con la que debemos señalar nuestro profundo desacuerdo”.

Denuncia la asociación sectorial que “hablar de mero 'incremento' demuestra que no se busca el equilibrio entre las partes, sino únicamente aumentar el valor económico de la utilización del repertorio de la entidad de gestión”.

DigitalES apunta a una clara presión de las entidades de gestión para aumentar una recaudación abultada, y denuncia que “las tarifas anteriores ya eran poco transparentes, y, por tanto, el procedimiento de fijación de tarifas por parte de las entidades de gestión debería estar sometido a mayores exigencias de proporcionalidad y transparencia para evitar características abusivas”.

“El procedimiento de fijación de tarifas debería estar sometido a mayores exigencias de proporcionalidad y evitar crecimientos injustificados"

Según la patronal que representa a los operadores de telecomunicaciones entre otros agentes del sector digital, “no parece razonable que las entidades de gestión, con sanciones efectivas por comportamientos anticompetitivos, que han fijado tarifas sin control de equidad y en posición de dominio, incrementen ahora sus precios con la excusa de un cambio de ley”

Pagos a cuenta

Otra de las enmiendas polémicas, impulsadas desde las entidades, propone que, en caso de desacuerdo a la hora de fijar los precios, se deberá abonar el 70% de la tarifa impuesta antes de que se resuelva en conflicto. El pago será condición imprescindible para poder recurrir. Además, las enmiendas permitirán a las entidades de gestión la facultad de subir de forma unilateral los precios perdiendo la oportunidad de transparencia, se quejan los operadores.

“No parece razonable que las entidades de gestión, con una posición de dominio en el mercado, quieran incrementar ahora sus precios con la excusa de un cambio de ley”

Para DigitalES “esta incorporación de la obligación de pago a cuenta del 70% como paso previo al proceso de determinación de tarifas resulta insostenible”, y propone una negociación“sin encorsetamientos que desincentiven a una parte para llegar a un acuerdo”.

Composición del regulador

Tal y como ya han expresado otros colectivos afectados, como UTECA y AERC, las enmiendas presentadas no sólo alteran los criterios que han de regir la fijación de las tarifas generales que aprueban unilateralmente las entidades de gestión, sino que modifican la actual composición del único organismo regulador competente para evaluarlas: la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI), incorporando un quinto vocal. DigitalES recomienda que, en el caso de aumentar esta composición, “se incluya al menos el perfil de algún experto que aporte una visión del entorno y de los nuevos modelos de comercialización de contenidos que previsiblemente se puedan establecer a futuro”.

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