Existen sectores, como la Administración Pública, la Sanidad o la Educación, que por su tradición histórica y por el gran volumen de datos que manejan, muchos de ellos de carácter sensible, les es harto complicado abordar un proceso de digitalización rápido y completo. El ámbito legal también es uno de estos sectores de largo recorrido en el que, por su propia naturaleza, se encuentran barreras más sólidas para ponerse al día con la tecnología. No obstante, de un tiempo a esta parte, los entornos más gerontocráticos han experimentado un importante avance en cuanto a profesionales y métodos, y así lo atestiguan desde Riba-Vidal Abogados.
El despacho, “pionero en aplicar la inteligencia procesal, o análisis de hechos y sujetos”, según Josep Riba-Vidal, socio fundador del despacho, está invirtiendo en su digitalización para incluir las nuevas tecnologías que lideran el panorama de las Legal Tech, -o aplicación de la tecnología en los servicios legales-, en su plan de transformación digital. “La inteligencia artificialo elmachine learning revolucionarán la labor del sector jurídico adaptando automáticamente los autos al lenguaje judicial o acabando con la multiplicidad de interpretaciones de la norma en función de quien las lee, que tanta polémica suscita”, explica Riba-Vidal. De esta manera, la creación de un lenguaje artificial unívoco y de un sistema que convierta la norma en un algoritmo sin dar lugar a sesgos, puede hacer que la labor de los jueces y abogados tenga que reinventarse.
No obstante, desde el despacho consideran que la inteligencia artificial y humana componen un “mix perfecto” y que la tecnología no supone una amenaza para los puestos de trabajo de las personas. De hecho, “muchas veces los juzgados se colapsan con temas de poca entidad, que no exijen una investigación especial, y se pueden desarrollar de manera mecánica, como los smart contracts”. Aquí entra en juego blockchain, “por el que también se verá alterado el papel de notarios y registradores en un futuro”.
“Muchas veces los juzgados se colapsan con temas de poca entidad y se pueden desarrollar de manera mecánica, como los smart contracts”
Desde el despacho ahn detectado que en los últimos tiempos ha habido un repunte significativo de denunciar por ciberataques, pero que aún no se denuncian “ni la mitad de los que se producen”. Son muchos los motivos que desalientan a las emrpesas a denunciar: “El miedo a sufrir daño reputacional si se conoce que han sido atacados, el miedo a que se descubran brechas importantes de seguridad que pueden conllevar multas según la normativa GDPR, la propia incertidumbre del proceso, el tiempo que requiere su resolución, el temor a no poder acceder a ciertos recursos de la empresa durante el mismo o el desembolso económico, -que a veces es mayor que la cuantía que piden los ciberdelincuentes por el rescate de los datos”. Debido a que los ataques son internacionales y cada país tiene una jurisdicción al respecto y las autoridades no cuentan aún con los medios suficientes para investigarlos eficazmente dificulta todo el proceso. Aún así, “para que los procesos avancen y se afinen es imprescindible denunciar, sino se garantiza la impunidad de los malos”, lamenta Riba-Vidal.
En el despacho, el cual es de origen catalán, consideran que cuestiones como el Procés o elBrexit no llegarán a prosperar y acabarán por “resolverse llegando a acuerdos bilaterales que beneficien a todos” apelando al “sentido común de las personas”.
