Seis meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, AdjudicacionesTIC, la plataforma online de análisis y consultoría que informa y asesora a empresas tecnológicas en su relación con entidades y organismos de la Administración Pública en España, ha analizado los datos relativos a los concursos públicos durante ese período en un encuentro sectorial patrocinado por Symantec, HP, Kyocera DS y Pure Storage.
Según los datos analizados por la plataforma AdjudicacionesTIC y presentados en el encuentro, la principal conclusión es que la nueva normativa ha dinamizado el sector, ya que el número de licitaciones entre marzo y octubre de 2018 ha crecido un 10% frente al mismo período de 2017 (4.682 adjudicaciones antes de la ley y 5.150 en los primeros meses con la ley en vigor). Además, se han adjudicado proyectos por un 16,7% más de valor (1.969 millones de euros frente a 1.686 millones de euros).
Las cifras de AdjudicacionesTIC demuestran un ligero descenso en el número y coste de proyectos en los primeros meses de adaptación y un mayor dinamismo una vez que la ley empezó a tener recorrido.
“La nueva Ley de Contratos Públicos ha abierto un universo de posibilidades tanto a la Administración como a los proveedores que trabajan con ella aunque aún estamos en pleno período de transición del modelo”, afirma Ismael Moreno, CEO de AdjudicacionesTIC al analizar el estado de la situación seis meses después de la entrada en vigor de dicha nueva Ley.
De hecho, según señala ForoCPP, las mayores críticas a la nueva norma se encuentran en su aplicación en la fase de licitación, ya sea debido a la complejidad de las memorias justificativas, los conflictos en los contratos menores, las exclusiones en los procesos abiertos simplificados, la complejidad en la incorporación y acreditación de criterios sociales y medioambientales, o en la escasa aplicación aún del coste de ciclo de vida.
La nueva forma de trabajar con las AAPP
La Ley sobre Contratos Públicos puesta en marcha el pasado 9 de marzo elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y lo sustituye por la de mejor calidad-precio, por lo que, con la nueva norma, en principio, se fomenta la innovación y la eficiencia como forma de diferenciarse en las licitaciones públicas. Además, es necesario incluir valoración de criterios de rentabilidad económica junto con otros de carácter medioambiental y social, a través de una sola aplicación.
En cualquier caso, con el objetivo de que cualquier fase de la contratación sea transparente e íntegra, y según el informe INAP-OCDE de 2009, se exige a las AAPP que se apliquen los criterios de control no sólo en la fase de licitación sino también en la ejecución. “En el caso de la nueva norma, la fase post-licitación está mucho menos regulada y existe, en muchos casos, una falta importante de control”, recuerda Beatriz Juliá, presidenta de ForoCPP.
Según cifras de la Comisión Europea, la contratación pública supone un 19% del PIB de la Unión Europea, mientras que la corrupción en el sector público cuesta a la sociedad alrededor de 120.000 millones de euros al año, lo que resalta la necesidad de un sistema jurídico más estable y eficaz, que evite la dispersión normativa y permita una gestión eficiente de los recursos públicos.
