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Ametic considera insuficiente la inversión TIC de la AAPP

El gasto en España en I+D+i representa solo un 1,19% del PIB, por lo que, según la patronal del sector TIC, se requiere una apuesta más decidida para alcanzar a corto plazo el objetivo del 2% del PIB o el de la media europea, que se sitúa en el 2,03%.

Ametic considera que la apuesta del Gobierno de España por el sector digital es insuficiente, según se extrae del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentado el pasado 14 de enero. En conjunto, el sector TIC y digital, que se configura como una de las grandes palancas de cambio de la economía, cuenta con un presupuesto efectivo escaso. Asimismo, las políticas de industria y energía tampoco dan respuesta al esfuerzo necesario para impulsar la digitalización.

Del análisis realizado por la asociación, enfocado en las partidas que más directamente afectan a la transformación digital y el sector TIC: la I+D+i en su conjunto, las políticas específicas de impulso digital (agenda digital y sociedad de la información) e industria, se desprende que, aunque las cifras de I+D+i se han anunciado con optimismo, quedan muy por debajo del esfuerzo necesario para aproximar a España a la media europea.

Apuesta moderada por la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Según el Libro Amarillo del proyecto de PGE para 2019, se aprecia un incremento de 357 millones de euros de las partidas destinadas a actuaciones de I+D+i civil, hasta los 6.729 millones. Esta cifra supone un aumento del 5,6% respecto al año anterior, estando por encima del crecimiento del PIB español en 2018, situado en torno al 2,6%. Respecto a la Política de Gasto dedicada a I+D+i en su conjunto, la cifra asciende a 7.425 millones de euros, un 5,14% más que el pasado año. En el contexto actual de presupuestos expansivos que incrementan el gasto total un 5,1% con respecto a 2018, la apuesta por la I+D+i es moderada y se mantiene en la misma línea del incremento global de los PGE.

El gasto en España en I+D+i representa solo un 1,19% del PIB, por lo que se requiere una apuesta más decidida para alcanzar a corto plazo el objetivo del 2% del PIB o el de la media europea, que se sitúa en el 2,03%. En este sentido, la inversión en I+D+i necesita de un impulso adicional dada su relevancia estratégica para el desarrollo de la economía en su conjunto y para alcanzar los niveles de digitalización de la media europea.

Se han incrementado en 357 millones de euros las partidas destinadas a actuaciones de I+D+i civil, hasta los 6.729 millones, un 5,6% más respecto al año anterior

Aunque la partida de créditos no financieros (subvenciones) recibe un mayor impulso que la dedicada a créditos financieros (préstamos), se continúa otorgando mayor protagonismo a las fórmulas de préstamos para la realización de I+D+i (3.884 millones de € frente a 2.845 millones de €), lo que dificulta el diseño de unos instrumentos adecuados de apoyo a la I+D+i empresarial.

Asimismo, preocupan las medidas apuntadas sobre el Impuesto de Sociedades (IS) relativas a fiscalidad. La creación de un tipo mínimo del IS puede poner en peligro el sistema de deducciones fiscales a la I+D+i tan necesario para las empresas innovadoras.

Partidas dedicadas al impulso digital

A la vista del proyecto de PGE para 2019, se aprecia una escasa relevancia para el Gobierno del ámbito digital, lo que se traduce en una cuantía económica insuficiente de las partidas dedicadas al impulso digital. En ese sentido, el presupuesto destinadas a promover la modernización digital de España es prácticamente el mismo que años atrás, evidenciando una falta de dinamismo o escasez de programas innovadores de impulso, que tengan un impacto real en la economía y la sociedad. Asimismo, cabe destacar que sigue sin conocerse el detalle del proyecto del Gobierno en materia de impulso digital.

El Presupuesto de Impulso Digital de los PGE para 2019 asciende a un total de 772,69 millones de euros, una cifra que resulta insuficiente para acometer la transformación digital que requiere España, así como para el papel que debe tener la tecnología en la economía y el alineamiento de la política digital con las directrices europea.

El Presupuesto de Impulso Digital de los PGE para 2019 asciende a un total de 772,69 millones de euros 

En lo que respecta a la reindustrialización de la economía, tiene un papel estratégico el Programa de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, para el que se destinarán 818 millones de euros en 2019 en forma de préstamos. Con respecto a Comercio, Turismo y pyme, el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, gestionará este año unos recursos por importe total de 145 millones de euros. No obstante, según Ametic en la propuesta no se observa una apuesta por otras nuevas fórmulas o programas más allá de los préstamos, como pueden ser la hiperamortización, las desgravaciones fiscales por adopción de tecnología en los procesos productivos o la puesta en marcha de programas de ayudas que incentiven proyectos pilotos entre empresas tractoras y pymes, lo que permitiría el verdadero despliegue de la Industria 4.0.

Soluciones globales para cuestiones globales

El Gobierno prevé que la recaudación tributaria en 2019 alcance los 227.356 millones de euros, según las previsiones, que incluyen los impuestos ya existentes como el IRPF, IVA o IS, y también los nuevos impuestos diseñados por el Ejecutivo, entre los que figuran la tasa a las transacciones financieras y el impuesto a determinados servicios digitales. Respecto a la ‘Tasa Digital’, AMETIC considera que las soluciones a las distorsiones competitivas actuales en la economía deben abordarse desde un debate a nivel internacional, que garantice un sistema impositivo global, moderno, justo y eficiente.

Por ello, este tipo de acciones deben realizarse en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. De este modo, el acuerdo en el seno de la OCDE garantiza la seguridad jurídica, al ser los propios Estados los que han consensuado un sistema impositivo que grave los beneficios corporativos a nivel internacional de manera sostenible a largo plazo.

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