El director general de Red.es, Borja Adsuara; la directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, María Ester Arizmendi Gutiérrez; y el director del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI), Pedro Martín Jurado, han presentado esta mañana en la sede de Red.es en Madrid, dos estudios sobre Gobierno Abierto. En ellos se analiza, tanto la oferta como la demanda en España, y los modelos, estrategias e iniciativas nacionales e internacionales desarrolladas hasta la fecha.
Según se desprende del ‘Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España’, el 81,4% de la ciudadanía reclama canales adecuados para facilitar la participación y, aunque se mencionan el e-mail y las redes sociales como alternativas, se apuesta por la convivencia entre los medios digitales y los tradicionales. En este sentido, el 77% de la población considera que la participación ciudadana mejora la eficiencia de las instituciones y el 70% cree que aumenta la confianza en el Gobierno. Destaca, también, que el 58,6% de los encuestados considera que los canales que existen para participar en los asuntos públicos son insuficientes.
A pesar de ello, el 63,5% de los encuestados ha publicado o comentado información política en Internet o ha firmado una petición o manifiesto.
El 70,3% de los ciudadanos considera que la transparencia mejoraría la eficiencia de las administraciones públicas y el 72,1%, que aumentaría la confianza en el Gobierno. “En este sentido, la información principal que la población quiere conocer es en qué se gastan el dinero las administraciones y cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos”, comenta Pedor Martín.
Modelode Gobierno Abierto
“El Gobierno Abierto tiene muchas definiciones, por eso hemos intentado unificar todos los aspectos comunes y hemos creado una propia, abierta a los cambios que puedan aparecer”, continúa el director del ONTSI. Según se define en el ‘Estudio Objetivos, estrategias y actuaciones nacionales e internacionales sobre Gobierno Abierto’, el Gobierno Abierto consiste en un modelo de gobierno que, sustentado en los principios de transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, aprovecha las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar la calidad de la democracia y el funcionamiento de las administraciones públicas. “La transparencia es el pilar principal, sin ella el resto de pilares sobrarían”.
“La información recopilada por el ONTSI sobre Gobierno Abierto, permite construir un modelo que incluye los ámbitos en los que se materializa este concepto. Hablamos de transparencia para ofrecer información abierta y accesible, participación con objeto de conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la actividad de las instituciones públicas; y colaboración, para aprovechar la información, conocimiento y experiencia colectiva para conseguir el beneficio común”, comenta Borja Adsuara. Además, a este modelo hay que añadirle la puesta en marcha de elementos habilitadores basados en las TIC; tales como la web o las redes sociales; y también, las asambleas, foros o encuentros.
El ciudadano ante la Administración Pública
Los datos revelan que el 65,5% de los ciudadanos valora positivamente los servicios públicos, aunque el 63,2% no confía en las administraciones. Quienes integran mayoritariamente el primer grupo son los jóvenes de entre 18 y 24 años, usuarios de Internet y de administración electrónica; mientras que los mayores de 55, con bajo nivel de estudios y no usuarios de Internet, conforman el segundo.
Según muestra el ‘Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España’, el 65,2% de los ciudadanos que utiliza la administración electrónica, valora positivamente la comodidad y el ahorro de tiempo y dinero; e incluye la falta de información y la desconfianza en Internet, entre sus aspectos negativos. La mayoría de los usuarios de e-Administración tiene estudios superiores o universitarios. “Se trata de una población con edades comprendidas entre los 34 y 58 años, que utiliza la administración electrónica, principalmente, para realizar trámites del DNI, la declaración de la renta, para descargar formularios o para solicitar cita en el médico”.
En este sentido, las webs institucionales están bien valoradas. El 84% de los ciudadanos confía en ellas y el 71% las considera fáciles de utilizar. Por otra parte, mientras que un 74,5% manifiesta que tiene intención de usarlas en el futuro, el 95% de la población recomendaría a otros ciudadanos su uso.
Transparencia, participación y colaboración
Por su parte, María Ester Arizmendi Gutiérrez apunta que “buena parte de las acciones de transparencia llevadas a cabo por los gobiernos se encuadran en el Open Data o implantación de portales web con datos públicos que los ciudadanos pueden consultar y procesar digitalmente. En el caso de la participación, se basan en iniciativas de consultas y peticiones ciudadanas a través de internet. Siendo las actuaciones de colaboración las menos desarrolladas”.
El Gobierno Abierto en España
De forma similar, las administraciones públicas españolas han mejorado su presencia en internet en los últimos años gracias a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas. De esta manera, se han integrado en las redes sociales generalistas con un uso informativo, y se han llevado a cabo acciones de consulta ciudadana. “Y en estas líneas se sigue trabajando para fomentar la reutilización de la información y generar la escucha activa acerca de las preocupaciones los ciudadanos”, señala Pedro Martin Jurado.
“A favor del desarrollo del Gobierno Abierto figura la concienciación de los responsables públicos y, en contra, la actual situación económico-financiera de las administraciones públicas”, concluyen los expertos. El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados y el Plan de Acción de España en el OGP (Open Government Partnership) “sentarán las bases para facilitar el desarrollo en España del Gobierno Abierto”.
