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El CGPJ adjudica a Orange el contrato de servicios de datos en movilidad

El Consejo General del Poder Judicial ha firmado un contrato con la compañía naranja de en torno a 600.000 euros para habilitar 5.400 líneas durante los próximos cuatro años.

El Consejo General del Poder Judicial adjudica a Orange el contrato de servicios de datos en movilidad.
El Consejo General del Poder Judicial adjudica a Orange el contrato de servicios de datos en movilidad.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adjudicado a Orange el proyecto para dotar de comunicaciones de datos en movilidad a todos los miembros del poder judicial en territorio nacional (5.400 líneas), durante los próximos cuatro años. La propuesta desarrollada por Orange, por un importe cercano a los 600.000 euros, obtuvo la mejor puntuación técnica en la licitación, gracias a la personalización y adaptación de la oferta a las necesidades de este organismo y que les va a aportar las siguientes ventajas:

  • Mayor seguridad en sus comunicaciones, puesto que les permitirá que cada una de las líneas de datos naveguen por Internet a través de un punto de acceso único, garantizando la confidencialidad de la información transmitida.
  • Más calidad en el acceso a Internet, evitando la saturación de la red, por disponer de mayor ancho de banda gracias a la conectividad sobre una red de datos con nodos dedicados.
  • Mayor capacidad de autogestión del servicio permitiendo la monitorización del parque de líneas y dispositivos de los usuarios, generando diferentes tipos de alarmas en función del consumo, incidencias, etc.
  • Y con el soporte de un equipo especializado de Orange que garantizará el buen funcionamiento del servicio en todo momento.

Por su parte, Íñigo Polo, director de Administraciones Públicas de Orange, ha resaltado la importancia de este contrato, “contar con el apoyo de una entidad de la relevancia del CGPJ, afianza nuestra posición en el sector y permite que sigamos avanzando en nuestra apuesta por contribuir al proceso de modernización de las administraciones públicas para adaptarse a las necesidades de la nueva sociedad digital”.

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