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Navegando hacia una regulación digital del siglo XXI

Por Víctor Calvo-Sotelo, Director General de DigitalES.

Seguramente hayan escuchado alguna vez aquello de: “Lo mejor que puede hacer el sector público es quitarse de en medio”. Es una frase tan recurrente como errónea. La Administración es un actor imprescindible de la realidad empresarial, pues define el marco en el que las empresas operan. De la colaboración y de la comprensión mutua emergerán ecosistemas más robustos. Esa es la razón de ser de asociaciones empresariales como DigitalES, fortaleciendo la interlocución de las compañías tecnológicas con Administraciones, gobiernos y otras organizaciones sectoriales; participando en procesos de consulta pública; desarrollando enmiendas y propuestas de mejora regulatorias; y procurando contribuir, en definitiva, a construir el mejor marco normativo de la España digital del siglo XXI.  

El año 2022 se avecina intenso desde la óptica legislativa. Después de un 2021 frenético en la definición de los primeros programas de digitalización con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, arrancamos un 2022 en el que se va a actualizar prácticamente todo el marco regulatorio relativo al sector de la tecnología y la digitalización en España. Me refiero, para empezar, a la Ley General de Telecomunicaciones y a la Ley General Audiovisual, cuyos proyectos de ley iniciaron su tramitación parlamentaria. A continuación, llegarán la Ley de ciberseguridad 5G o la Ley de startups, sin pasar por alto las numerosas iniciativas legislativas que desde la Comisión Europea se están poniendo en marcha (Digital Service Act, Digital Market Act, Data Act o el Reglamento de Inteligencia Artificial). Todas ellas, iniciativas muy relevantes para el éxito de los loables objetivos del Plan de Recuperación.

Al respecto de la Ley General Audiovisual, deseamos igualmente que la tramitación parlamentaria se base en un criterio técnico

En este sentido, el año 2022 será absolutamente fundamental para la edificación de la ‘España poscovid’. La digitalización es un fenómeno en el que se imbrican cambios tecnológicos, sociológicos, macroeconómicos, de gobernanza e incluso morales. Son cambios mayores, que lo impregnan todo y a todos, y cuya regulación tiene por lo tanto implicaciones muy amplias, sobre las que se precisa un profundo debate y la colaboración de los diferentes actores. Por otra parte, cabe resaltar el efecto catalizador de la transformación digital, palanca esencial de la competitividad de los países. Así, el impulso de la digitalización se convierte en una prioridad estratégica, sobre la cual se deberá cimentar la reconstrucción económica.

Gran desafío

El desafío es mayúsculo, pero realizable. Nuestra tesis de partida es que la armonización legislativa aporta certidumbre, evita distorsiones del mercado y atrae nuevas inversiones. Además, este principio de unidad de mercado -level playing field- debe ambicionarse a nivel europeo, contribuyendo a conformar un verdadero Mercado Único Digital. No en vano, muchas de las normativas que he enumerado constituyen transposiciones de Directivas europeas. En esos casos, promulgamos que se hagan ajustándose al máximo a la literalidad de los textos europeos, sin olvidar la necesidad de acompasar los esfuerzos regulatorios nacionales con las iniciativas a nivel comunitario.

Haciendo honor a mis raíces gallegas, buscaré un símil náutico. Si la economía fuera un velero, la legislación sería la vela, Europa marcaría la dirección del viento y el level playing field sería la botavara sobre la que se apoya la vela. El barco avanzará de forma más rápida -y segura- cuando el viento empuje las velas, y más despacio cuando se pierda la alineación perpendicular entre el viento y estas.

Tanto la Ley General de Telecomunicaciones como la Ley General Audiovisual serán el resultado de transposiciones europeas a nuestro ordenamiento jurídico. La primera Ley General de Telecomunicaciones, aún en vigor, es la prueba palpable de cómo la regulación puede jugar un papel determinante sobre el desarrollo de un sector de actividad, en este caso para bien.

España cuenta con una de las redes de telecomunicaciones de mayor calidad y cobertura poblacional del mundo. Esa ventaja competitiva ha sido posible gracias a las inversiones millonarias que durante todos estos años han efectuado las operadoras, y gracias también a que contábamos con una normativa nacional particularmente completa y eficaz. Es un marco legislativo que ha sido ejemplar, asimismo, por el consenso político que lo hizo posible. Deseamos que la nueva Ley General de Telecomunicaciones tenga la misma suerte, porque eso nos ayudará a consolidar el liderazgo de España en conectividad fija y móvil.

Ley General Audiovisual

Al respecto de la Ley General Audiovisual, deseamos igualmente que la tramitación parlamentaria se base en un criterio técnico. No en vano, el texto del anteproyecto fue sometido a consulta pública en dos ocasiones, incorporando en esa segunda ocasión importantes avances hacia el deseable level playing field. Con la prudencia que exige el carácter inacabado del Proyecto de Ley, creemos que vamos en la dirección correcta. Es el caso, por ejemplo, de la financiación de RTVE. Aquí se ha aplicado la misma lógica que con la financiación de obra audiovisual europea, actualizando a la era digital la tipología de empresas que se consideran prestadoras de servicios audiovisuales. Al mismo tiempo, se ha aprovechado la actualización de la Ley General de Comunicación Audiovisual para corregir una anomalía. Durante años, las operadoras de telecomunicaciones han asumido una tasa de carácter finalista, a pesar de que no eran estas las beneficiarias de la eliminación de la publicidad en el ente público. Con la nueva ley -aunque veremos a partir de cuándo-, las operadoras continuarán contribuyendo a financiar RTVE, pero ‘únicamente’ por sus negocios audiovisuales, exactamente igual que el resto de los competidores del sector. Este tipo de medidas no van contra ni a favor de nadie; son ajustes que favorecen la seguridad jurídica y generan entornos más competitivos, y es lo justo.

España, por lo tanto, emprende este 2022 una ardua travesía. Navegar hacia una regulación del siglo XXI va a requerir altas dosis de compromiso político, colaboración público- privada y esfuerzos compartidos. El velero llegará más lejos si a todos los elementos anteriores sumamos una modernización de las políticas europeas de Competencia. La regulación ha sido siempre un rasgo distintivo de la Unión Europea y, con la debida adecuación a las realidades de la economía digital, podría proporcionarnos una nueva ventaja competitiva.

Termino este artículo tal y como lo empecé, haciendo un llamamiento a la colaboración. El éxito no solo de las inversiones, sino también de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, dependerá de que Administraciones y empresas sepan conjugar sus mejores capacidades. Estamos en enero, y sopla ya el viento de popa.

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