OpiniónInfraestructuras

El papel de las TIC en las AAPP

Fernando de Pablo Martín, Secretario General de Administración Digital

La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos supuso un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de la administración electrónica en España. Planteaba esta relación como un derecho para ciudadanos y empresas y, por lo tanto, como una obligación para las administraciones públicas. Sin embargo mantenía como procedimiento clásico el funcionamiento con papel.

Con  entrada en vigor de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo y la de Ley 40/2015 de régimen jurídico hace ya más de dos años, la tramitación electrónica no es una forma especial de gestión de los procedimientos sino que constituye la actuación habitual de las administraciones. No solo se persigue una administración pública sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico, con ciudadanos y empresas, entre administraciones y en su funcionamiento interno, sino que se trata de avanzar en el proceso de transformación digital en que está inmersa toda la sociedad. Una administración que sirva mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas y que, aplicando principios de accesibilidad, refuerza derechos y garantías de los ciudadanos. La total constancia de documentos y actuaciones en archivos electrónicos y bases de datos facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada al requerimiento de los ciudadanos.

Aunque la posibilidad de tener una relación electrónica plena con las administraciones está ya vigente desde 2016 (presentación, registro, notificación, pago), las distintas fases de implantación según cada administración (local regional, nacional) y en los diversos organismos públicos, ha hecho necesaria prórroga de algunos aspectos parciales de la Ley 39/2015. El cumplimento de la Ley exige cambios organizativos, normativos y tecnológicos, necesarios para garantizar efectivamente los derechos y para dotar de mayor seguridad jurídica a los procedimientos; por ello se están acelerando los trabajos para su cumplimiento en la práctica y no en la teoría: la administración electrónica no se impone solo con leyes.

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