Desde hace algún tiempo estamos recibiendo noticias preocupantes sobre las prácticas de una de las principales empresas de IT de nuestro país. Varias publicaciones de prestigio como El País o El Mundo se están haciendo eco de sueldos pagados a jueces, fiscales e incluso a cargos de empresas públicas, lo cual, independientemente de la justificación, no parece algo que contribuya precisamente a mejorar la imagen ni de esa compañía ni tampoco la de España.
La compañía que dirijo está presente tanto en España como en Latinoamérica y tiempo atrás fui responsable de las operaciones en la región durante cuatro años. Durante ese tiempo, puedo decir que tuve conocimiento de multitud de proyectos en distintos clientes, algunos de las cuales se decía que estaban pre-adjudicados a determinadas empresas. Esas prácticas, que están en contra de cualquier estándar ético, e incluso estético y que se nos antojan tan lejanas, parece que se estarían realizando también en España.
Creo firmemente que la primera obligación de cualquier directivo es desarrollar el valor añadido de la organización para hacerla competitiva, por conocimiento, calidad y precio, siempre con arreglo a los clientes y a los mercados que son su objetivo. Los concursos pre-asignados no benefician a nadie, ya que convierten a las organizaciones en elefantes ineficientes, incapaces de enfrentarse al futuro y, además, ralentizan el crecimiento tanto del país como de las empresas que las realizan.Compusof por el contrario ha crecido de forma sólida en Latinoamérica durante 14 años consecutivos, apostando por el medio plazo y no por el corto y siendo cada año más competitivos que el anterior.
Hay un daño mucho mayor si cabe, casi irreparable, y es el daño a la imagen. Todos los que formamos parte del sector sabemos que el prestigio empresarial es, en la mayoría de los casos, el mejor argumento de venta. Las organizaciones que invierten grandes sumas de dinero en posicionamiento de marca no pueden permitirse deteriorar su imagen asociándola o exponiéndose aprácticas sospechosas ya que destruyen su mayor activo; y además, si se me permite, hacen un flaco servicio a su país, cuyo nombre llevan muchas veces asociado. Los ejemplos saltan a nuestra memoria por mucho tiempo que haya transcurrido. Todos recordamos la abultadísima multa de 900 millones de dólares que impuso el gobierno de EEUU a Siemens por soborno a empleados públicos, multa que pagó pero que después de tantos años sigue empañando su imagen.
La corrupción es muy costosa en términos de crecimiento. Se calcula que en el caso de España cuesta unos 2,5 puntos del PIB cada año. Este es un costo inmediato, pero hay otros a más largo plazo como los daños a la imagen, a la competitividad y al propio valor añadido que es capaz de generar la compañía. Ni antes, ni ahora, en estos tiempos de recuperación económica, podemos permitirnos tolerar comportamientos poco éticos en las prácticas de gestión.
