España es uno de los países europeos pioneros en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos. Así lo recoge el reciente estudio que la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha elaborado junto con el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) bajo el título ‘Administración Pública: modernización y excelencia en el servicio al ciudadano’.
Según dicho estudio, la descentralización política y administrativa y el proceso de integración europeo han sido los principales acontecimientos que han impulsado la modernización de la Administración en España, y no hay duda de que las TIC juegan un papel clave en ese proceso.
Los planes Avanza y Moderniza se encuentran entre los hitos que revelan la modernización de las AAPP, aunque, como poco, de igual trascendencia ha sido la aprobación en junio de 2007 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Un paso que convierte a España en uno de los pocos países que, junto con Austria, Finlandia, Francia, Italia y Estados Unidos, ha desarrollado una ley específica de eAdministración, y el único de nuestro entorno que reconoce el derecho de acceso electrónico a los servicios públicos a sus ciudadanos. “Hasta la aprobación de esta ley, era la propia Administración la que decidía en qué casos, en qué momentos y a través de qué canales se daba acceso a los ciudadanos y empresas mediante el uso de medios electrónicos a los servicios públicos. La ley establece ahora que todos los procedimientos y servicios públicos deben estar disponibles en línea antes del 31 de diciembre de 2009”, aclaró Juan Miguel Márquez, director general de Modernización Administrativa del MAP.
Además, y con el objetivo de cumplir con esta ley en la Administración General del Estado en los plazos previstos, el Gobierno ha aprobado un plan de desarrollo, en el que se formulan 21 medidas para lograr unos servicios orientados al ciudadano, facilitar la cooperación entre las Administraciones, conseguir incrementos de productividad y garantizar que los más de 2.500 procedimientos administrativos que existen actualmente en la Administración General del Estado sean accesibles electrónicamente antes del 21 de diciembre de 2009.
