El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha planteado una profunda reforma de los procesos selectivos para ingresar en los cuerpos superiores A1 y A2 (inspectores de Hacienda, abogados del Estado, diplomáticos, etc.), sustituyendo las tradicionales oposiciones por un máster oficial de dos años. El acceso a este programa, con 120 créditos académicos, requerirá superar una prueba previa de admisión y, al finalizar, las plazas se adjudicarán a quienes obtengan las mejores calificaciones; el resto de participantes recibirá el título de postgrado.
La propuesta, aún en negociación con los sindicatos, debe definir el calendario de implantación y los criterios de acreditación de las universidades y escuelas de Administración participantes, así como el régimen de becas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al programa.
Esta inversión se suma otras propuestas estatales por desplegar soluciones de inteligencia artificial. Según datos de TendersTool, la Administración pública adjudicó más de 17,7 millones de euros en proyectos de inteligencia artificial durante el primer semestre de 2025, distribuidos en 43 licitaciones (sin incluir las adjudicaciones centralizadas de la DGRCC) que abarcaron desde desarrollo de modelos de lenguaje hasta sistemas de analítica avanzada. La modernización de servicios digitales y la formación de sus altos funcionarios es un reto creciente para los aparatos del estado.
La Administración necesita inteligencia artificial
En paralelo, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021‑2025 propone una inversión de 14 millones de euros para desplegar una plataforma soberana de inteligencia artificial y sistemas como SimplexES, destinados a simplificar trámites, por ejemplo, la declaración de la renta, y ofrecer servicios predictivos a través de Mi Carpeta Ciudadana. Se prevé eliminar la obligatoriedad de la cita previa y poner en marcha una “oficina todo en uno” que interconecte distintos servicios, mientras el Gobierno destaca que ha logrado reducir la temporalidad en la Administración General por debajo del 10% y prepara una nueva ley de Función Pública para abordar desafíos en regiones y ayuntamientos.
Según el informe “Confianza y transparencia: Combatir el fraude para maximizar la eficiencia de los programas públicos”, elaborado por Coleman Parkes y SAS, más del 90% de los responsables de administraciones públicas a nivel mundial prevé incorporar la IA generativa en su estrategia contra el fraude y el mal uso de recursos. El estudio, con más de 1.100 encuestados, incluyendo una muestra representativa de España, estima que hasta el 16% del presupuesto gubernamental se pierde por fraudes, y destaca la adopción creciente de modelos de lenguaje y gemelos digitales, que podrían alcanzar una penetración del 84% y 75% respectivamente en los próximos dos años.
