La Administración pública en España está acelerando su apuesta presupuestaria por la inteligencia artificial (IA), pero se enfrenta a una acusada brecha entre las expectativas iniciales y la capacidad real de desplegar proyectos a gran escala. Según el estudio Datos e IA en el gobierno: De la ambición en IA a la madurez operativa (2026), elaborado por el Capgemini Research Institute, la inversión en IA en el sector público español pasará de representar el 5,33% del presupuesto de TI en 2025 al 7,40% en 2027. Esta cifra sitúa a España por encima de la media global (7,08 %), así como de economías como Alemania (6,64%) y Francia (6,28%).
Sin embargo, este crecimiento del gasto contrasta con la dificultad para consolidar estas herramientas en el día a día operativo. Tan solo un 27% de las organizaciones públicas en España ha logrado trasladar con éxito sus iniciativas de IA desde la fase de prueba piloto hasta la fase de producción, una cifra en línea con el 28% registrado a escala internacional. Asimismo, el 77% de los directivos españoles admite que la implementación de la IA genera costes ocultos, requiriendo más mantenimiento, supervisión y ajuste continuo de lo previsto.
Índice de temas
Liderazgo en automatización práctica frente a la cautela en IA agéntica
El informe refleja que España cuenta con un menor porcentaje de entidades consideradas AI Front-runners o líderes en madurez tecnológica (17% frente al 25% global, el 30% de Francia o el 44% de Alemania). No obstante, el país destaca por encima de la media en la aplicación de casos de uso operativos orientados a la gestión interna y la atención ciudadana.
Un 23,3% de los directivos españoles afirma no tener interés en la IA agéntica en este momento, frente al 8,3% a nivel global
En concreto, el 73,3% de las organizaciones públicas españolas ha puesto en marcha herramientas de automatización de procesos internos (en áreas como RRHH, Finanzas y TI), superando ampliamente el 56,8% registrado a nivel global. Del mismo modo, España presenta un mayor despliegue en asistentes virtuales y chatbots de atención al ciudadano (66,7% frente al 49,0 % global) y en el procesamiento inteligente de documentos (63,4% frente al 49,0 % internacional). En contraste, la Administración muestra reticencias hacia tecnologías incipientes como la IA agéntica, con un 23,3% de los directivos afirmando no tener interés en ella actualmente, frente a solo un 8,3% a escala mundial.
Barrederas estructurales, soberanía digital y confianza pública
Las principales limitaciones para maximizar el impacto de la IA se concentran en las arquitecturas de datos e infraestructura. Un 83% de las entidades identifica la calidad y disponibilidad de los datos como su barrera principal, mientras que un 76,7% reconoce que sus bases de datos no avanzan al ritmo que exigen sus objetivos de IA. Además, un 66,7% apunta a la falta de infraestructura moderna y a la escasez de talento especializado como fricciones críticas.
Frente a estas barreras, la soberanía de los datos y la ciberseguridad se configuran como prioridades estratégicas. A pesar de que el sector registra una alta dependencia de proveedores extranjeros tanto en ciberseguridad (80,0%) como en servicios en la nube (73,3%), un 76,7% de las Administraciones españolas se muestra dispuesta a asumir mayores costes operativos para garantizar soluciones soberanas, frente al 64,8% global. Por último, el 80% de los ejecutivos españoles sitúa la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública como el fin primordial de sus estrategias de datos e IA, distanciándose del enfoque puramente enfocado al ahorro de costes que predomina en otros mercados.
