El Gobierno aplaza hasta 2027 la obligatoriedad de Verifactu y los sistemas de facturación antifraude, una decisión celebrada por parte del tejido empresarial pero que ha caído como un jarro de agua fría en asesorías, consultoras y proveedores TIC que llevaban años trabajando para llegar preparados a 2026.
5 PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)
1. ¿Qué es Verifactu?Es el sistema de facturación certificado que enviará datos de facturas en tiempo real a la Agencia Tributaria para combatir el fraude y garantizar la integridad contable.
2. ¿Cuándo será obligatorio?
Pymes y empresas: 1 de enero de 2027
Autónomos: 1 de julio de 2027
3. ¿Por qué se ha retrasado?
Por presión política, elevada complejidad técnica, falta de preparación del tejido empresarial y reclamaciones de patronales.
4. ¿A quién beneficia el retraso?
A pymes y autónomos con menor digitalización. Perjudica a asesorías, consultoras y proveedores TIC que ya habían invertido tiempo y recursos.
5. ¿Qué deben hacer ahora las empresas?
Seguir adaptando procesos, mantener su hoja de ruta digital y exigir claridad normativa y guías técnicas definitivas.
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El frenazo de última hora que reabre un debate incómodo
Apenas quedaba un mes para que Verifactu, el sistema de facturación que debe enviar registros a la Agencia Tributaria en tiempo real, se volviera obligatorio para empresas y autónomos. Y cuando todo parecía apuntar hacia una implementación ya inevitable, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciaba un giro inesperado: la obligatoriedad se aplaza un año más, hasta el 1 de enero de 2027.
La medida, que se aprobará mediante real decreto ley, responde a compromisos políticos alcanzados con Junts y a reclamaciones de patronales catalanas como Pimec. “Es una cuestión de realismo económico”, explicaban fuentes del entorno de estas organizaciones, que llevaban meses insistiendo en que “muchas pymes no estaban en condiciones de asumir la transición en 2026”.
Pero si para algunos el retraso es un alivio, para otros supone un golpe directo a su actividad.
Las asesorías, años de trabajo desperdiciados
En asesorías y consultoras, donde llevan tiempo orientando a sus clientes hacia el cumplimiento de la nueva normativa, el anuncio se ha recibido con frustración.
Yannick Charton, CEO de Valio Consulting, no oculta su indignación:
“Hemos dedicado tres años a preparar a cientos de pymes, y sin previo aviso nos dicen que habrá un año más. Parece que todo el esfuerzo invertido ha sido en vano”, denuncia.
Según explica, muchas empresas ya habían completado o iniciado inversiones tecnológicas importantes: “Gran parte de las pymes han dejado atrás sistemas tradicionales para pasarse a soluciones nuevas. Nos hemos pasado meses probando programas, formando equipos y fidelizando clientes. Y ahora nos enteramos de que todo se retrasa por motivos políticos”, lamenta.
El otro lado de la balanza: “Hasta noviembre solo el 8% de las pymes estaba preparado”
Pese al enfado de los profesionales más avanzados, otros expertos ven el retraso como una medida lógica ante la falta de preparación del tejido empresarial.
Jesús Molina, Head of Partners de Dojo, recuerda un dato revelador: “Hasta noviembre de 2025, solo el 8% de pymes y autónomos había implementado Verifactu. Era imposible que toda la base empresarial estuviera a punto en enero”.
Desde su perspectiva, la prórroga puede incluso ser positiva: “Dar más tiempo permitirá que la transición sea ordenada y que el nuevo marco no interfiera en la experiencia de los clientes durante el cobro”, asegura.
Eso sí, Molina también advierte de los riesgos: “No obstante, es importante tener claro el horizonte. Si la adopción no se ejecuta en 2026, los comercios se alejarán de las directrices europeas que buscan armonizar la fiscalidad y el control contable en el marco del mercado único”, subraya.
Y recuerda que, bien implementado, el sistema puede ser una ventaja competitiva: “Verifactu ofrece a los comercios la oportunidad de automatizar procesos y eliminar errores humanos”.
El cumplimiento normativo debe producirse sin fricciones: “Es fundamental contar con dispositivos preparados para integrarse con la normativa sin fricciones y soluciones que conecten de forma nativa con los nuevos requisitos de VeriFactu, de modo que el cumplimiento normativo se produzca de manera invisible, sin interrumpir la experiencia del cliente”
Proyecto impulsado desde 2022
La intención del Gobierno con Verifactu ha sido, desde su concepción, aplicar progresivamente un sistema que reduzca la manipulación de facturas, garantice la integridad de la información contable y permita a la Agencia Tributaria disponer en tiempo real de los registros de facturación mediante un software certificado.
El proyecto comenzó a impulsarse oficialmente en 2022 y estaba previsto para entrar en vigor en 2025. Sin embargo, las dificultades técnicas, el coste de implementación para pequeños negocios y la presión de las patronales llevaron a un primer aplazamiento a 2026 y, ahora, a un nuevo retraso que sitúa su obligatoriedad en 2027.
Los expertos coinciden en que esta ampliación solo tendrá sentido si se aprovecha para clarificar el marco regulatorio, ordenar la implantación y evitar una nueva oleada de confusión como la vivida en los últimos meses.
