Garantizar el control local de los datos de la ciudadanía sin dejar de mejorar los servicios públicos del día a día es una responsabilidad central de los organismos europeos. Sin embargo, gran parte de la infraestructura actual se diseñó para una época en la que el ritmo era mucho más lento: se basa en aplicaciones obsoletas, mantiene silos de operaciones para cada programa y apenas cuenta con estándares comunes para el despliegue de software en producción.
La soberanía eleva aún más el listón en esta tarea. No es solo una cuestión de dónde residen los datos, sino de si una administración puede controlar su propia tecnología, operar con garantías independientes y adaptar sus sistemas a medida que evolucionan la economía global, los presupuestos y la regulación. Optar por congelar el entorno tecnológico para sentirse más seguro no facilita estos objetivos de soberanía; al contrario, los hace cada vez más difíciles de alcanzar.
Los organismos públicos que adopten el código abierto como una base transparente y coherente, y que avancen de la mano de socios en los que la ciudadanía ya confía, se modernizarán al ritmo que su entorno tecnológico les permita. Por el contrario, si esperan a que el marco normativo se estabilice por completo, los sistemas de la década pasada seguirán en marcha cuando irrumpa la siguiente directiva.
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La modernización debe partir del entorno tecnológico existente
La Década Digital, la estrategia de la Unión Europea para empoderar a la ciudadanía y empresas a través de la transformación digital, mantiene el objetivo de que todos los servicios públicos esenciales fueran 100% accesibles en línea para 2030. Sin embargo, el informe sobre el Estado de la Década Digital de 2026 de la Comisión prevé que los servicios para ciudadanos y empresas alcancen sólo alrededor del 90 % de ese objetivo para 2030.
Las administraciones públicas no parten de cero. Necesitan aprovechar los sistemas que hoy pagan pensiones, gestionan el tráfico y albergan historiales médicos, para migrarlos a una plataforma de aplicaciones moderna con prácticas de despliegue actuales y escalabilidad.
Aun así, los entornos heredados consumen recursos y atención que deberían destinarse a esa transición. El verdadero desafío reside en cómo modernizarse sin interrumpir lo que ya funciona.
EUROCONTROL ejemplifica este reto a escala continental. La agencia está retirando sistemas TI que han funcionado durante 25 años y que ayudan a gestionar once millones de vuelos al año, con una previsión de tráfico que alcanzará los 12,4 millones en 2031, todo ello sin perder de vista las exigencias de la soberanía digital europea.
En el sector de la defensa, los sistemas deben durar aún más tiempo. Navantia, la empresa pública naval española, está estandarizando su desarrollo sobre una única plataforma de código abierto para que los sistemas concebidos para prestar servicio durante décadas puedan seguir funcionando, mejorando e innovando a medida que se renueva el hardware subyacente.
La mayoría de los organismos públicos en Europa se encuentran en una etapa más temprana de este proceso. Áreas como la sanidad, la justicia, los servicios sociales o la administración local aún consideran el despliegue moderno de aplicaciones como un proyecto especializado más que como una práctica cotidiana.
El código abierto aporta coherencia y libertad de elección en un mismo stack tecnológico
Los organismos públicos no pueden rediseñar todo ante cada nueva obligación. En virtud de la Ley de IA de la UE, un hospital, una autoridad tributaria o una agencia de prestaciones sociales que implemente IA en un proceso de atención a la ciudadanía tendrá que demostrar cómo se supervisa el sistema, de qué depende y que la organización tiene capacidad para modificarlo.
Es una tarea que corresponde a la plataforma y al modelo operativo. Lo mismo ocurre con las exigencias europeas más amplias sobre privacidad, resiliencia operativa e integridad de la cadena de suministro de software.
El propio informe de la Década Digital 2026 de la Comisión señala que el código abierto ya representa entre el 70 % y el 90 % del código en la economía digital. Las administraciones públicas o bien gobiernan esa base, o bien la heredan de forma descontrolada dentro de sistemas obsoletos.
El código abierto empresarial es el punto de encuentro entre la coherencia y la flexibilidad. El código inspeccionable y los estándares abiertos brindan a las administraciones una forma repetible de ejecutar servicios a medida que cambian los requisitos, ya sea en un centro de datos nacional, una nube soberana local o un servicio gestionado, sin vincular el entorno tecnológico a un único stack propietario.
Los equipos necesitan un método único para desarrollar, asegurar y operar aplicaciones, incluso cuando las cargas de trabajo migran. La flexibilidad permite que este modelo siga siendo útil a medida que las organizaciones crecen.
Cuando cambia el contrato de un proveedor o el contexto geopolítico, los organismos públicos deben garantizar la continuidad del servicio en funcionamiento e inspeccionar el stack tecnológico del que dependen. El código abierto empresarial con soporte convierte esto en una alternativa viable.
Los socios locales transforman las plataformas abiertas en soluciones de confianza
Pocos organismos públicos cuentan con las capacidades necesarias en materia de plataformas y seguridad para modernizarse en solitario. La soberanía rara vez procede de un único proveedor. Los operadores de nube locales, los integradores de sistemas y los socios de servicios gestionados están mucho más cerca del ministerio, una red hospitalaria o un ayuntamiento de lo que jamás podrá estar una empresa global de software.
Ofrecen servicios gestionados, despliegues y asesoramiento al amparo de la legislación local y mediante relaciones de proximidad. Son los interlocutores a los que el CIO podrá seguir llamando dentro de cinco años.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) constituye un claro ejemplo de ello en el ámbito de la administración pública. Su asistente de IA, diseñado para agilizar la revisión y resolución de expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en la región, se desplegó sobre Red Hat OpenShift AI con el soporte de NTT Data.
Mediante la técnica de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), el asistente de IA de la JCCM puede responder a consultas sobre los expedientes, verificar epígrafes o capítulos y elaborar resúmenes. Esto sirve de apoyo a los funcionarios en sus labores de revisión, lo que permite a la JCCM tramitar un mayor volumen de documentación y reducir en dos meses el tiempo necesario para la tramitación de los expedientes. Estos procesos resultan vitales para sectores clave como la agricultura, la ganadería, el sector forestal, la energía y el turismo.
La modernización de EUROCONTROL la lleva a cabo Atos como integrador de sistemas. A esa escala, contar con un socio de confianza resulta aún más determinante.
El código abierto se convierte en una realidad tangible para una organización pública cuando un actor local puede operarlo, ofrecer asesoramiento y acompañarla a largo plazo. La mayoría de los organismos públicos apenas están empezando a demandar este tipo de acompañamiento.
Los servicios públicos europeos se modernizarán integrando las aplicaciones heredadas en una plataforma abierta y coherente, de la mano de socios con los que ya existe una relación de confianza y mientras el marco regulatorio continúa evolucionando.
