Una persona que acude a un hospital espera recibir atención y que sus datos estén protegidos. Detrás de esa confianza hay sistemas informáticos y decisiones profesionales que rara vez ve.
Quienes trabajamos en ingeniería informática conocemos el peso de esas decisiones. Por eso reclamamos coherencia entre la responsabilidad que el Estado nos encomienda y el tratamiento que da a nuestra cualificación, también en la aprobación de las fichas universitarias.
En nuestro trabajo, decidir quién puede acceder a un expediente o cómo se recupera un servicio tras una interrupción tiene consecuencias muy concretas. Hay que comprender el problema, valorar los riesgos y justificar las soluciones. También hay que documentar lo realizado y advertir de sus límites. El rigor de ese proceso importa tanto como el resultado que aparece en la pantalla, porque de él depende que el sistema siga siendo fiable cuando cambien las condiciones.
Decidir quién puede acceder a un expediente o cómo se recupera un servicio tras una interrupción tiene consecuencias muy concretas
El propio Estado ofrece un ejemplo significativo. La convocatoria de ingreso en los Cuerpos de Ingenieros de las Fuerzas Armadas, publicada en el BOE el 20 de abril de 2026, contempla plazas destinadas a reforzar la ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, para las que se admiten titulaciones de ingeniería informática. Se reconoce así la preparación de estos profesionales para asumir funciones vinculadas a la defensa nacional. Esa confianza merece una respuesta coherente en el conjunto de la actuación administrativa.
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Grado en Ingeniería Técnica en Informática
Desde CONCITI, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, planteamos una petición concreta: aprobar mediante orden ministerial, una orden CIN, la ficha de verificación del Grado en Ingeniería Informática, empleando el mismo instrumento que el Estado utiliza para las fichas de otras ingenierías.
Desde CONCITI planteamos una petición concreta: aprobar mediante orden ministerial, una orden CIN, la ficha de verificación del Grado en Ingeniería Informática
La cuestión afecta a la forma en que la Administración establece el marco de referencia de una formación universitaria asociada a responsabilidades profesionales cada vez más relevantes para la sociedad.
En 2009, las fichas del ámbito de la ingeniería informática se publicaron como recomendaciones del Consejo de Universidades. Esa diferencia en el instrumento empleado es el punto que pedimos corregir.
La aprobación mediante orden ministerial de la ficha del Grado permitiría dar a sus requisitos de verificación el tratamiento que reclamamos en términos de coherencia e igualdad con las demás ingenierías. Las universidades, los estudiantes y quienes requieren servicios profesionales necesitan referencias claras sobre la formación y las competencias que acreditan los títulos.
La Ingeniería Técnica en Informática cuenta con una trayectoria académica y una estructura institucional propias. Sus títulos universitarios oficiales se establecieron en 1990. Las Cortes Generales crearon nuestro Consejo General mediante la Ley 21/2009 y el Gobierno aprobó los Estatutos Generales de los colegios y de su Consejo por el Real Decreto 517/2015. A ello se suman los colegios profesionales creados por leyes autonómicas, con sus funciones deontológicas y de control colegial.
Nuestra petición se apoya en esa realidad y busca que el Estado culmine su ordenación con los instrumentos correspondientes.
La disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, la ley ómnibus, encargó al Gobierno remitir a las Cortes un proyecto sobre las profesiones sujetas a colegiación obligatoria.
El proyecto debía prever la continuidad de esa obligación cuando sirviera como instrumento eficiente para proteger a los destinatarios de los servicios y en actividades con posibles efectos graves y directos sobre materias de especial interés público, como la seguridad personal o jurídica.
Una cualificación para funciones críticas
Esa previsión sobre colegiación conecta con nuestra petición de definir con claridad la cualificación exigida para funciones críticas.
Como ingeniero en informática, me preocupa especialmente que esta cuestión se perciba como una discusión lejana a la vida cotidiana. Pensemos en una pequeña empresa que necesita recuperar su actividad después de un incidente o en una persona que entrega información sensible a una Administración.
Ambas confían en decisiones técnicas cuyo alcance no siempre pueden valorar. La cualificación de quienes intervienen y la responsabilidad que asumen forman parte de la confianza que esas organizaciones deben ofrecer.
La seguridad digital se construye con recursos suficientes, controles técnicos y formación continua. En ese trabajo, la cualificación aporta una referencia para valorar qué preparación exige cada función. La deontología y el control colegial incorporan un marco de responsabilidad profesional.
Estas garantías deben acompañar a la tecnología, junto con procedimientos que permitan revisar las decisiones y aprender de los incidentes. Ninguna organización puede prometer una invulnerabilidad absoluta; sí puede trabajar con rigor y explicar cómo protege la información que se le confía.
Conviene mantener también la prudencia cuando se conocen exposiciones de datos o interrupciones de servicios. Cada incidente exige investigar sus causas antes de atribuir responsabilidades. De esa cautela surge una enseñanza aplicable a cualquier organización: es necesario conocer cómo se diseñó el sistema, quién intervino en las decisiones relevantes y qué controles existían.
La responsabilidad profesional empieza mucho antes de que aparezca una alerta, cuando se fijan los requisitos y se decide qué riesgos se pueden asumir.
Pedimos a las Administraciones que las funciones críticas que encomienden a estos profesionales lleven aparejada la exigencia de cualificación correspondiente
Por eso pedimos a las Administraciones que las funciones críticas que encomienden a estos profesionales lleven aparejada la exigencia de cualificación correspondiente. El criterio debe ser coherente con la preparación que el propio Estado requiere cuando selecciona personal para tareas de ciberdefensa.
La importancia de una función debe reflejarse tanto en los requisitos de acceso como en el reconocimiento institucional de la formación que los sustenta.
El Gobierno dispone de una petición precisa sobre la que actuar: aprobar mediante orden ministerial la ficha de verificación del Grado en Ingeniería Informática. Dar ese paso expresaría la coherencia que venimos reclamando desde CONCITI.
Para quienes ejercemos esta profesión, asumir responsabilidades exige preparación y compromiso con las personas que dependen de nuestro trabajo. Quien espera atención en un hospital o confía sus datos a un servicio público necesita que esa responsabilidad encuentre una respuesta igualmente clara en las decisiones del Estado.
