Durante el encuentro, el Ministerio de Trasformación Digital defendió que la UE impulse un modelo propio que combine innovación, sostenibilidad y protección de menores, datos y ciberseguridad, con implicaciones directas para la estrategia tecnológica y regulatoria española.
El planteamiento parte de una premisa: Europa no quiere limitarse a usar IA desarrollada fuera, sino construir capacidad propia. En la cumbre, el titular de Transformación Digital, Óscar López, sostuvo que la competitividad no exige renunciar a reglas y que el enfoque europeo puede ser una alternativa real frente a los modelos de Estados Unidos y China, precisamente por anclar el despliegue tecnológico a derechos digitales y seguridad.
Esa tesis tiene una lectura doméstica clara: España busca reforzar su posición en la carrera por la IA dentro del marco comunitario, alineando inversión, industria y administración pública con un estándar regulatorio que pretende dar confianza a ciudadanos y empresas. En la práctica, el mensaje apuesta por convertir la regulación en ventaja (certidumbre jurídica, protección y reputación) en lugar de verla como freno, una discusión que atraviesa ya la agenda económica europea.
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Simplificación europea, pero con límites
El Ministerio respaldó la propuesta de la Comisión Europea orientada a simplificar normas digitales, aunque marcó una línea roja: simplificar no equivale a desregular. El matiz es relevante porque condensa el dilema comunitario: reducir cargas y acelerar innovación sin vaciar de contenido los mecanismos de control en ámbitos sensibles como la IA, la seguridad y el uso de datos.
En ese mismo marco, el Gobierno volvió a vincular la agenda digital con la salud democrática. La nota recuerda propuestas defendidas por Pedro Sánchez en Davos para frenar el impacto de la desinformación: acabar con el anonimato en redes, exigir transparencia sobre los algoritmos y responsabilizar a los directivos de las plataformas por incumplimientos legales, equiparándolo a obligaciones existentes en otros sectores.
Industria española: la eficiencia energética como ventaja
La cumbre también sirvió para proyectar un ejemplo industrial español en clave de sostenibilidad. La nota cita a la compañía Multiverse como muestra de IA sostenible por su capacidad de comprimir grandes modelos de lenguaje en un 95%, un enfoque que apunta a uno de los cuellos de botella del sector: el coste energético asociado al entrenamiento y despliegue de sistemas avanzados.
Con ese mensaje, España pretende reforzar una narrativa de competitividad basada en eficiencia (más rendimiento con menos consumo) y en marcos de confianza. En un contexto de batalla global por capacidades de IA, el Gobierno sitúa la prioridad en impulsar industria y adopción tecnológica sin rebajar el listón regulatorio europeo, buscando que la innovación llegue con garantías y no a costa de derechos digitales.
¿Cuánto invierte España en inteligencia artificial?
Más allá del debate regulatorio, la medida del compromiso público con la IA se ve en la contratación: según datos compilados por TendersTool (Adjudicaciones TIC), desde 2024 las administraciones españolas han destinado 46,3 millones de euros a proyectos de inteligencia artificial (sin contar las adjudicaciones centralizadas de la DGRCC), con 29,5 millones en 2024 y 16,8 millones hasta junio de 2025. En paralelo, la propia consultora apunta a un aumento de la actividad: en 2024, el 56% de los procedimientos examinados en su análisis estaban relacionados con IA, aunque con importes todavía modestos y, en muchos casos, en formato piloto.
En ese contexto, TendersTool funciona como una plataforma de inteligencia de mercado centrada en licitaciones y adjudicaciones tecnológicas del sector público: agrega información de portales locales, autonómicos y estatales, y ofrece acceso a un repositorio de más de 800.000 documentos (pliegos, actas y otra documentación) con apoyo de una asistente virtual basada en IA (“LucIA”) para filtrar, segmentar y localizar oportunidades. Además, publica análisis propios sobre IA en la, una capa de datos que ayuda a contextualizar, con cifras y trazabilidad contractual, la apuesta por una IA competitiva y con garantías que España defiende en el debate europeo.
