El año pasado, el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las universidades nacionales se unieron para dar a conocer la Estrategia Universidad 2015, con el objetivo de modernizar los centros docentes superiores mediante la promoción de la excelencia en formación e investigación, la internacionalización del sistema universitario y su implicación en el cambio económico basado en el conocimiento y en la mejora de la innovación. Paralelamente, la iniciativa persigue situar a nuestras mejores universidades entre las 100 primeras de Europa y promover los campus universitarios españoles globalmente más competitivos entre los de más prestigio y referencia internacional.
Se trata sin duda de un proyecto ambicioso, pero también complejo, ya que según las estadísticas queda mucho camino por recorrer: a día de hoy, la mejor universidad española, la de Barcelona, está posicionada en el lugar 175 de la lista de las mejores universidades del mundo, de acuerdo con datos recogidos por n-economía a partir del ranking Top Universities. Le sigue de lejos la Universidad Autónoma de Barcelona, situada en el puesto 211, la Universidad Autónoma de Madrid, en el 215 y algo más alejada, la Universidad Complutense que ostenta la posición número 252.
Explica Màrius Rubiralta, secretario de Estado de Universidades, que las principales líneas de actuación girarán en torno a la promoción de la especialización y diversificación de las universidades, a reforzar el papel social de la universidad, impulsar la movilidad para estudiar, formarse como investigador y trabajar en otros países europeos y fomentar el acercamiento Universidad-Empresa, potenciando espacios comunes de investigación.
Pero estas metas requieren multiplicar los esfuerzos por parte de todos los actores de la sociedad para poder llevarse a cabo. Rubiralta reconoce que son varios los retos a superar, entre ellos, disminuir el exceso de burocratización y excesiva regulación, aumentar la diversidad en el sistema universitario español, que es excesivamente amplio y homogéneo, ordenar mediante una gobernanza eficiente la excesiva fragmentación de la investigación en las universidades españolas y desarrollar una carrera docente e investigadora socialmente más reconocida y económicamente mejor retribuida.
