La llegada de las nuevas tecnologías ha pillado con la guardia baja al mundo del derecho. La dificultad para integrar estas tecnologías en sus procesos de negocio ha despertado la alarma. En este sentido, y con el fin de aproximar esta adopción y ayudar a generar seguridad jurídica en el ámbito de las transacciones electrónicas, un grupo de expertos decidió crear una plataforma que sirviese de puente entre la sociedad digital y el universo legal. Bajo esta perspectiva, el «Foro de las Evidencias Electrónicas», cuya presidencia ostenta Antonio Garrigues, aspira a convertirse en lugar de encuentro entre juristas y técnicos para debatir las consecuencias del uso de las nuevas tecnologías.
Guiada por este objetivo, ayer tuvieron lugar dos mesas redondas -convocadas por el Foro del mismo nombre y organizadas por VNU Conferencias- punto de encuentro de todos aquellos profesionales, no sólo del mundo del derecho, sino también de colectivos como las fuerzas de seguridad, la banca o la industria informática, que tienen algo que decir en este debate.Como ejemplos, los aportados por Pedro Farré, jefe de la Oficina de la Defensa de la Propiedad Intelectual de la SGAE, quien apuntaba que «no puede haber Sociedad de la Información sin protección de los contenidos» e identificaba las redes peer to peer (P2P) como la vía de defraudación más peligrosa; Pablo Peira, inspector jefe de la brigada de Investigación Tecnológica del ministerio del Interior, que se quejó del vacío legal existente en torno a los cibercafés y locales similares; o Fermín Morales, catedrático de derecho Penal de la universidad Autónoma de Barcelona, quien subrayó que el «problema no es tanto hacer leyes, como de proporcionar instrumentos eficaces a los jueces y las fuerzas de seguridad».
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