La Comisión Europea ha multado a la tecnológica por dar prioridad a sus propios servicios en el buscador y bloquear la libre competencia en su tienda de aplicaciones, Google Play. La compañía dispone ahora de un ultimátum de 60 días para corregir estas prácticas; de lo contrario, se enfrentará a multas coercitivas que podrían alcanzar el 5% de su facturación mundial diaria.
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Las dos claves de la sanción a Google
La multa se divide en dos bloques específicos que atacan el núcleo operativo de la multinacional. Por una lado está la autopreferencia en Google Search, por la que han sido condenados a pagar 460 millones de euros. En este sentido, la UE castiga a Google por posicionar sus propios servicios —como Shopping, Hoteles o Vuelos— en la parte superior de los resultados con formatos visuales enriquecidos, mientras que los competidores aparecen relegados a listas simples más abajo. Según la vicepresidenta Teresa Ribera, «los mejores productos deben tener éxito porque son mejores, no porque sean propiedad de la empresa que ejecuta el motor de búsqueda».
Por otro lado, está el bloqueo en Google Play, por la que el gigante tecnológico debe pagar 430 millones de euros. Se penalizan las prácticas de «anti-dirección», que impedían a los desarrolladores de aplicaciones informar a sus usuarios sobre opciones de pago más económicas fuera de la plataforma oficial.
El desafío de la inteligencia artificial
Aunque la cifra es elevada, representa una fracción pequeña de la facturación global de Alphabet, que superó los 350.000 millones de dólares en 2025. Sin embargo, el aspecto más relevante a futuro se encuentra en un párrafo casi oculto del comunicado de la Comisión: Google ya ha entregado propuestas para aplicar estos mismos principios de competencia a sus resúmenes de IA (AI Overviews). Esto supone un reto técnico mayúsculo, ya que los modelos de lenguaje actuales mezclan información de diversas fuentes sin separar claramente los servicios propios de los ajenos.
Reacción de la compañía y contexto legal
Esta es la primera sanción firme contra Google bajo el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que fija reglas previas para los «guardianes de acceso» en lugar de esperar años a investigaciones de abuso de posición dominante.
Por su parte, Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google, ha criticado la decisión asegurando que la normativa obliga a la empresa a «eliminar funciones que los europeos aprecian» y que se trata de una «degradación del producto» impulsada por denunciantes con intereses particulares. A pesar de que la tecnológica probablemente recurra la sentencia, la Comisión ha dejado claro que su prioridad es garantizar una competencia justa y proteger la capacidad de elección de los usuarios.
