El Gobierno de España ha aprobado una inversión de 1.157 millones de euros destinada a reforzar las capacidades nacionales en ciberseguridad y ciberdefensa. Esta iniciativa complementa el Plan Nacional de Ciberseguridad de 2022 y se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, anunciado el pasado 24 de abril.
La decisión responde al incremento y sofisticación de los ciberataques, que en 2024 superaron los 100.000 incidentes en España, con uno considerado muy grave cada tres días. Desde 2015, los ataques se han triplicado, impulsados por amenazas emergentes como la inteligencia artificial y la computación cuántica.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó que “España es un ejemplo a seguir en materia de ciberseguridad, siendo el segundo país con más centros especializados del mundo”. López subrayó la necesidad de proteger los derechos digitales, asegurar la estabilidad económica y defender los valores democráticos del país.
Medidas y objetivos estratégicos
Las actuaciones incluyen una mejora de las capacidades desde la prevención hasta la recuperación ante ciberataques. Entre ellas, se encuentra el impulso del Centro de Operaciones de Seguridad 5G (SOC 5G), que apoyará a operadoras, fabricantes, usuarios corporativos y administraciones en la vigilancia de las normativas de seguridad.
Asimismo, se reforzará la ciberresiliencia de los servicios digitales de la administración, mediante plataformas de auditoría automatizada y técnicas avanzadas de inteligencia artificial para la detección de amenazas. También se ampliará el sistema de alertas tempranas y se fomentará la colaboración con universidades en proyectos de investigación.
El presupuesto será ejecutado por varios departamentos: el Ministerio de Transformación Digital gestionará el 22%, el Ministerio de Defensa más del 60% a través del CNI-CCN, CESTIC y el Mando Conjunto del Ciberespacio. El Ministerio del Interior ejecutará el 16,34%, y el Departamento de Seguridad Nacional, el 1,2% restante.
Con esta inversión, el Gobierno busca reforzar la protección de la información, garantizar la continuidad de los servicios públicos y proteger las infraestructuras críticas del país frente a amenazas cada vez más complejas.
