El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial para su remisión al Congreso de los Diputados. Esta normativa adapta el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA) al ordenamiento jurídico español, en vigor desde 2024, dotando al país de un instrumento legal que garantiza la supervisión humana y un uso confiable de esta tecnología.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López destacó en rueda de prensa que España refuerza así su liderazgo como una potencia en la construcción de una IA «ética y humanista», demostrando que la regulación y la innovación pueden coexistir positivamente. La ley establece límites claros, exigiendo responsabilidad a quienes utilicen sistemas prohibidos por la Unión Europea e imponiendo controles estrictos en casos que afecten a los derechos fundamentales y la protección de menores.
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Sistemas prohibidos y sanciones millonarias
Siguiendo el marco europeo, la ley clasifica los sistemas de IA según su riesgo. Entre las prohibiciones más destacadas, impulsadas por iniciativa de España y Francia, se encuentra el uso de IA para generar deepfakes sexuales. Asimismo, quedan prohibidos los sistemas que utilicen técnicas subliminales para manipular decisiones, aquellos que exploten vulnerabilidades por edad o discapacidad y la clasificación biométrica de personas por raza, religión u orientación política y sexual.
España se posiciona como referente mundial con la aprobación del proyecto de Ley de Inteligencia Artificial
Para garantizar el cumplimiento, la norma establece un régimen sancionador proporcional pero severo. Las infracciones muy graves podrían alcanzar multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual de la empresa responsable. No obstante, el texto incluye flexibilidad para pymes y startups, priorizando la corrección de errores antes que la penalización económica en ciertos casos.
Gobernanza y sector público
La ley designa a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) como el principal organismo de vigilancia, junto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en sus respectivos ámbitos. Como novedad específica de la norma española, se impulsará el buen uso de la IA en el sector público estatal mediante la creación de un inventario de sistemas utilizados en la administración y la figura del «delegado de IA» para coordinar la aplicación normativa.
Finalmente, para fomentar la innovación, la AESIA operará un entorno controlado de pruebas (sandbox) a escala nacional. Este espacio permitirá a los desarrolladores probar sus sistemas bajo supervisión antes de su comercialización, asegurando que los nuevos avances tecnológicos nazcan dentro de un marco de seguridad y transparencia.
