El mundo en general está atravesando un momento de gran incertidumbre geopolítica y ciberamenazas. En este sentido, la soberanía digital ha dejado de ser una aspiración política para convertirse en una necesidad operativa urgente, impulsada por la exigencia de resiliencia y la dependencia de servicios críticos. Aunque el concepto carece de una definición única, ya influye de manera directa en las decisiones de compra, el cumplimiento normativo y la estrategia tecnológica de las empresas.
Este debate plantea dos realidades contrapuestas. Por una parte, los responsables políticos tienen razones legítimas para preocuparse por la resiliencia nacional frente a la excesiva dependencia extranjera: en Europa, los tres principales proveedores de nube foránea concentran alrededor del 70% del mercado, mientras que las alternativas europeas apenas alcanzan un 15%, un escenario de concentración que eleva el riesgo de un “efecto cascada” ante cualquier crisis. Por otro lado, a las empresas les preocupa que un modelo excesivamente rígido incremente los costes y ralentice la modernización. Como ha defendido el ex primer ministro italiano Mario Draghi, la seguridad es indispensable para el crecimiento, pero el desafío radica en impulsar la soberanía sin transformarla en una política de contratación contraproducente que frene el acceso a la mejor tecnología global.
Efecto parálisis
La falta de un marco claro está provocando un preocupante “efecto parálisis”: medidas como la restricción francesa al uso de herramientas extranjeras de videoconferencia ilustran cómo la política se traduce en limitaciones prácticas. De hecho, según una encuesta de Zscaler, el 73% de las empresas afirma que las dudas sobre la soberanía digital han retrasado o cancelado sus proyectos de transformación, prolongando la vulnerabilidad de sus sistemas heredados justo cuando las amenazas evolucionan con mayor rapidez.
Para resolver este bloqueo, tanto reguladores como directivos empresariales necesitan un modelo práctico enfocado en resultados y basado en tres pilares fundamentales. El primero es el control, que consiste en disponer de una gobernanza efectiva sobre los sistemas y datos (como accesos, cifrado y flujos de información) sin necesidad de aislarse. El segundo es la elección, que busca garantizar la flexibilidad tecnológica mediante la portabilidad y planes de salida predefinidos para evitar el bloqueo por parte de los proveedores. El tercero es la continuidad, orientada a asegurar la resiliencia operativa ante incidentes graves. Esta última prioridad es crítica si observamos el aumento de ataques de ransomware en Europa reflejado por ThreatLabz de Zscaler, con incrementos en España (+116%), Alemania (+74%), Bélgica (+73%), Italia (+53%) y Francia (+34%), sumado a que el 52% de los responsables de TI ve insuficientes sus defensas ante la IA autónoma y al repunte del 130% en los incidentes de importancia nacional reportados en el Reino Unido.
El error de las normativas actuales radica en dictar qué proveedores utilizar en lugar de definir qué capacidades de continuidad y control deben demostrar las empresas. Para escalar un enfoque eficiente, se requiere una colaboración estrecha con la industria que fomente la interoperabilidad y un cumplimiento basado en evidencias operativas auditables.
Afrontar este reto exige un reparto claro de responsabilidades: los consejos de administración y CEOs deben liderar la soberanía como un asunto prioritario de continuidad de negocio para desbloquear la innovación; los CIOs y CISOs deben mitigar las dependencias de terceros; y los reguladores deben armonizar normativas estableciendo periodos de transición realistas. En última instancia, la soberanía digital europea debe medirse por sus resultados prácticos y no por su retórica. Bien gestionada, será un motor de competitividad y crecimiento; mal diseñada, terminará frenando la transformación tecnológica que busca proteger.
