noticias

La ley española de transparencia supera el examen europeo sobre acceso a documentos públicos



Dirección copiada

El Grupo de Acceso a la Información, órgano de expertos del Consejo de Europa, concluye que la ley española de transparencia se ajusta al Convenio de Tromso, primer instrumento internacional vinculante que consagra el derecho de acceso a documentos oficiales

Publicado el 16 dic 2025



La ley española de transparencia supera el examen europeo sobre acceso a documentos públicos

El informe, publicado el 10 de diciembre de 2025, reconoce los avances de España en transparencia proactiva, formación de empleados públicos y mejora de los sistemas documentales.

La Secretaría de Estado de Función Pública difundió el informe del Grupo de Acceso a la Información, encargado de supervisar la aplicación del Convenio de Tromso. Los expertos constatan que la ley española abarca a todos los organismos públicos incluidos en el ámbito del convenio y que la mayoría de las limitaciones al derecho de acceso coinciden con las previstas en el tratado. La secretaria de Estado Consuelo Sánchez Naranjo destacó que el informe pone en valor la transparencia proactiva, la formación del personal y la modernización de los sistemas de gestión documental, elementos que fortalecen la administración abierta.

El grupo también valora positivamente que la ley obligue a evaluar caso por caso si el interés público justifica la divulgación de la información solicitada y que no existan formalidades excesivas para presentar solicitudes. No obstante, recomienda revisar disposiciones que permiten denegar el acceso a documentos auxiliares (como borradores, opiniones o comunicaciones internas) y reducir los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso. Estas sugerencias pretenden armonizar aún más la normativa española con las mejores prácticas europeas y reforzar la confianza de los ciudadanos en la transparencia gubernamental.

Transparencia, ciberseguridad y contratación pública

La promoción de la transparencia no se limita a la información administrativa; también alcanza a la contratación pública, especialmente en áreas estratégicas como la ciberseguridad. La plataforma independiente TendersTool (AdjudicacionesTIC) ha analizado el gasto en protección digital de las administraciones españolas. Según su informe “¿Cuánto invierte España en ciberseguridad?”, desde 2020 se han adjudicado 370 millones de euros en contratos de ciberseguridad: 154 contratos por 30 millones en 2020, 67 millones en 2021, 89 millones en 2022 y 65 millones en 2023 (con 233 contratos, un 27 % menos que el año anterior). La transposición de la directiva europea NIS2 en 2024 generó 156 adjudicaciones por 80 millones de euros.

TendersTool se define como una herramienta neutral de inteligencia de mercado que recopila adjudicaciones, licitaciones, compras centralizadas y anuncios previos de organismos públicos. Su plataforma permite buscar por título, valor, área tecnológica o territorio, y visualizar los datos mediante gráficos interactivos. También ofrece información competitiva, como alertas de expiración de contratos y ratios de reducción de precios. En un contexto donde España refuerza su marco de transparencia, instrumentos como TendersTool facilitan el acceso a información detallada sobre contratos de ciberseguridad y permiten a empresas y ciudadanos vigilar el uso de los fondos públicos.

Artículos relacionados