Índice de temas
¿Cuánto gasta la AAPP en TI?
La inversión tecnológica del sector público español continúa consolidándose como uno de los motores estratégicos para la modernización del Estado, la transformación digital administrativa y la prestación de servicios públicos más eficientes para ciudadanía y empresas. El análisis del periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 nos permite observar no solo el volumen económico asociado a las inversiones TIC, sino también las prioridades funcionales, el peso relativo de los distintos niveles administrativos, la distribución territorial del gasto y la concentración empresarial de las adjudicaciones.
Durante este periodo, los datos obtenidos evidencian una continuidad de las tendencias observadas en periodos anteriores, pero también reflejan nuevas dinámicas vinculadas a la evolución tecnológica, la ciberseguridad, la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública y la continuidad de los programas de digitalización impulsados por fondos europeos y políticas estatales.
Inversión total del sector público en TIC
El volumen total de inversión TIC alcanzó los 5.176,59 millones de euros en el periodo analizado, consolidando un nivel de gasto significativo que refleja la creciente dependencia tecnológica de los servicios públicos y la necesidad de actualización estructural de infraestructuras y plataformas digitales. Este importe se corresponde con las cifras agregadas de las contrataciones del sector público asociadas a Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
De cara a 2026, las inversiones TIC del sector público español tendrán una trayectoria de crecimiento moderada
CARLOS CANITROT, ADJUDICACIONES Y LICITACIONES TIC
Dentro de este total, resulta relevante diferenciar entre la inversión total y el volumen específico asociado a los procedimientos gestionados a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC). En este sentido, la magnífica cifra conseguida de 786,58 millones de euros pone de manifiesto la importancia creciente de la contratación centralizada como herramienta de eficiencia, estandarización y agregación de demanda tecnológica en el sector público. La cifra principal atribuida a procedimientos no centralizados se situó en 4.390 millones de euros, correspondiente a inversiones ejecutadas por organismos públicos fuera del marco de centralización; representa la porción mayoritaria y refuerza la idea de que, aunque la contratación centralizada gana peso, la estructura administrativa española sigue manteniendo una notable autonomía competencial y presupuestaria en materia TIC.
En términos de actividad contractual, el número total de expedientes asociados a TIC alcanzó los 15.264 procedimientos, de los cuales 12.302 corresponden a la licitación por diferentes tipologías de procedimientos y 2.962 a procedimientos centralizados (basados en acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición).
Distribución de la inversión por tipo de administración
El análisis por nivel administrativo muestra una distribución diferenciada del gasto y señala qué ámbitos institucionales están liderando la inversión tecnológica dentro del sector público español.
La Administración General del Estado (AGE) concentra la mayor parte del gasto con 2.463,10 millones de euros, cifra que refleja tanto la magnitud competencial estatal como la progresiva digitalización de servicios vinculados a Seguridad Social, Justicia, Empleo, Hacienda, Transporte o gestión documental.
Las Comunidades Autónomas (CCAA) representan el segundo bloque inversor, con 1.657,81 millones de euros, lo que confirma el protagonismo de los gobiernos regionales en áreas como sanidad, educación, servicios sociales, gestión tributaria autonómica y digitalización interna.
En tercer lugar se sitúan las Entidades Locales (EELL) -ayuntamientos, diputaciones y organismos dependientes— con 1.055,67 millones de euros, cifra que evidencia el avance de las corporaciones locales en ámbitos como administración electrónica, smart cities, gestión territorial, movilidad urbana y servicios municipales digitalizados.
En cuanto al número de expedientes, se registraron 5.629 en la AGE, 4.010 en CCAA y 5.625 en EELL, lo que sugiere que, aunque las entidades locales manejan importes más reducidos, generan un volumen contractual equivalente al estatal, debido a su dispersión organizativa y a la naturaleza granular de sus proyectos.
Distribución por tipo de productos y servicios TIC
Uno de los aspectos más relevantes del análisis reside en la clasificación de la inversión por categorías tecnológicas. Durante el periodo estudiado, la categoría con mayor peso fue la de Servicios, con 2.211,23 millones de euros, lo que equivale al 42,72% del total. Este predominio confirma que la Administración pública está priorizando la externalización, el soporte especializado, la integración tecnológica y los servicios gestionados.
En segundo lugar, se encuentra Hardware, con 964,90 millones de euros, que representan el 18,64%, reflejando la renovación de equipamiento, infraestructuras, dispositivos y recursos físicos necesarios para soportar ecosistemas digitales más complejos.
El Software alcanza 865,33 millones de euros (16,72%), consolidando la transición hacia sistemas corporativos, plataformas sectoriales, soluciones de gestión, licenciamiento empresarial y nuevas modalidades SaaS.
Las Comunicaciones Autónomas suman una inversión total de 832,19 millones de euros (16,08%), manteniendo su papel esencial para garantizar conectividad institucional, redes seguras, interoperabilidad, sistemas 5G y servicios avanzados de transmisión de datos.
Distribución territorial de la inversión por Comunidades Autónomas
El análisis regional revela una fuerte concentración del gasto en determinadas autonomías, asociada al tamaño poblacional, la capacidad presupuestaria, el nivel de digitalización institucional y la estructura administrativa.
La Comunidad de Madrid lidera con 477,48 millones de euros y 1.601 expedientes, impulsada por el peso institucional y la centralidad administrativa.
Le siguen Andalucía, con 413,15 millones de euros y 931 expedientes, y Cataluña, con 333,27 millones de euros y 1.444 expedientes, lo que evidencia un reparto equilibrado entre tamaño presupuestario y dinamismo contractual.
En cuarto lugar se sitúa la Comunitat Valenciana, con 275,94 millones de euros y 1.000 expedientes, consolidándose como un actor relevante en digitalización vertical y modernización institucional.
Por debajo se encuentran el País Vasco (211,29 M€; 825 expedientes) y Canarias (206,45 M€; 651 expedientes), seguidas por Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, y Ceuta, todas con niveles decrecientes de inversión y actividad contractual.
Este mapa territorial confirma que el gasto tecnológico público no se distribuye de forma homogénea, sino en función del tamaño institucional, el grado de digitalización previa y las competencias sectoriales gestionadas por cada autonomía.
TOP Organismos públicos
La concentración del gasto por organismos permite identificar qué instituciones están liderando la inversión tecnológica dentro del sector público español. El Top 10 refleja una elevada concentración en entidades estatales con fuerte carga operativa y tecnológica.
Encabeza el ranking la Secretaría de Estado de Función Pública, con 290,24 millones de euros, equivalente al 5,61% del total analizado para organismos, lo que está directamente asociado a plataformas transversales, gestión interna del Estado y modernización administrativa.
A continuación, figura ADIF, con 129,66 millones de euros (2,50%), impulsado por la digitalización ferroviaria, gestión de infraestructuras críticas y sistemas operativos vinculados a movilidad.
Le siguen Informática del Ayuntamiento de Madrid (109,33 M€; 2,11%), FREMAP, Agencia Pública Andaluza de Educación, GISS, AENA, la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Valencia, Banco de España y RTVE, todos ellos con porcentajes relevantes dentro del global.
El conjunto del resto de organismos supone un 79,25%, confirmando una estructura mixta: alta concentración en los grandes actores y dispersión amplia en el resto de la administración.
Principales adjudicatarios
El mercado TIC muestra una importante concentración empresarial, con una serie de grupos que acumulan gran parte de las adjudicaciones del periodo.
El primer adjudicatario es Telefónica Grupo, con 666,53 millones de euros, lo que supone el 12,83% del total adjudicado.
Le sigue INDRA Grupo, con 263,87 millones de euros (5,08%), consolidando su posición estratégica en servicios, software corporativo y proyectos de integración.
En tercer lugar aparece Inetum Grupo, con 171,66 millones de euros (3,31%), seguido por Orange Espagne, Evolutio Cloud Enabler, Accenture, SEIDOR Grupo, Técnicos Asociados Informática SAU, NTT Data Spain Grupo y Fujitsu Technology Solutions, todos con participaciones relevantes.
El resto de los adjudicatarios representa un 66,52%, confirmando que, aunque existe una alta concentración en grandes proveedores, el mercado sigue ofreciendo espacio para actores medianos y especializados.
Conclusiones
Los datos del periodo Dic2024 – Nov2025 permiten extraer conclusiones clave para proveedores, consultoras, distribuidores tecnológicos y responsables públicos:
La inversión tecnológica pública mantiene un crecimiento sostenido. El volumen global supera los 5.176 millones de euros, consolidando un mercado estable y en expansión.
La contratación centralizada gana peso real. Con 4.390 millones y más de 12.000 expedientes, se convierte en vía prioritaria de acceso al mercado público TIC.
La AGE lidera, pero CCAA y EELL suman masa crítica. Los tres niveles administrativos configuran un mapa de oportunidades diversificado.
El modelo de servicios domina el gasto tecnológico. La externalización y gestión especializada es ya tendencia estructural.
La inversión territorial se concentra en cuatro autonomías. Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana agrupan el mayor volumen regional.
La concentración empresarial sigue siendo elevada. Grandes proveedores copan porcentajes significativos del mercado, aunque persisten nichos para empresas especializadas.
En resumen, hemos terminado un año muy importante en el proceso de digitalización del sector público, que confirma una leve recuperación y la vuelta al periodo de crecimiento iniciado en 2021 y que en 2024 sufrió un gran retroceso. El objetivo continúa siendo muy claro: posicionar a las administraciones como catalizadoras del cambio tecnológico y líderes en la creación de un ecosistema digital robusto y competitivo, que contribuya al beneficio tanto de las empresas como de los ciudadanos.
De cara a 2026, el mercado de inversiones TIC del sector público en España se presenta con una trayectoria de crecimiento moderado, sustentada por los grandes programas de transformación digital. El sector de las TIC puede crecer por encima de la media económica, estimando un alza en el entorno del 6 -7% en 2026. Ese crecimiento se enmarca en una economía cuyo PIB se moderará hacia un aumento del 2,3% en 2026, lo que sugiere que la demanda pública de digitalización seguirá activa, si bien con menor ritmo que en la fase de recuperación postpandemia. En decir, crecimiento, aunque con la necesidad de observar la evolución de fondos europeos, organismos licitadores y competencias tecnológicas para aprovechar este impulso.
