La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) ya tiene sede electrónica propia: el BOE publicó el 7 de noviembre la resolución firmada por su presidente, Manuel Villoria, que fija la dirección sede.proteccioninformante.gob.es, la integra en el Punto de Acceso General y da seis meses para su plena entrada en servicio. La medida culmina el despliegue digital del organismo creado por la Ley 2/2023 para proteger a los denunciantes y alinea a España con la Directiva (UE) 2019/1937.
La Resolución de 5 de noviembre de 2025 crea la sede electrónica asociada de la A.A.I. La norma define la sede como la puerta oficial para trámites, notificaciones y registros de la Autoridad; exige certificados cualificados de autenticación y cumplimiento de ENS (RD 311/2022) y ENI (RD 4/2010), y la adscribe al Punto de Acceso General de la AGE. La Gerencia de la A.A.I. asumirá la gestión tecnológica y de contenidos.
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¿Para qué servirá?
Esta plataforma servirá como punto único para presentar denuncias de corrupción, fraude o infracciones administrativas, tanto dentro del sector público como en empresas privadas obligadas por la ley. Permitirá adjuntar documentación, seguir el estado del expediente y recibir notificaciones electrónicas, todo dentro de un entorno cifrado y con garantías de confidencialidad. En la práctica, el ciudadano podrá alertar de irregularidades sin revelar su identidad, con respaldo legal y sin intermediarios, mientras la Autoridad gestiona el caso de forma centralizada y segura. Esto convierte a la sede en una herramienta clave para dar confianza a los denunciantes, reducir la impunidad y reforzar la transparencia en las instituciones.
¿Cuándo se podrá usar?
El 8 de agosto, la Orden PJC/908/2025 estableció que la A.A.I. empezaría a funcionar el 1 de septiembre de 2025, aunque todavía sin su sede electrónica activa. Para mantenerla operativa mientras se completaba la parte tecnológica, el Ministerio de la Presidencia le prestó apoyo hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogado por la Orden PJC/1209/2025, de 30 de octubre. Ahora, con la sede ya creada y el dominio oficial proteccioninformante.gob.es, el portal podrá empezar a utilizarse antes del 8 de mayo de 2026, que es la fecha límite fijada por el BOE para su apertura al público.
La sede electrónica es la pieza tecnológica y jurídica que garantiza un canal seguro, accesible y con efectos legales para presentar informaciones sobre infracciones y corrupción, cumpliendo estándares europeos y nacionales. Su integración en el PAGe facilita el acceso ciudadano “por ventanilla única” y conecta con el ecosistema común de administración digital de la AGE. En términos prácticos: más protección al denunciante, más trazabilidad de los expedientes y más seguridad en el tratamiento de datos y comunicaciones.
Cómo seguirle la pista a lo público
La nueva sede del Informante y la vigilancia ciudadana del dinero público se complementan. Mientras la A.A.I. habilita un canal seguro para denunciar irregularidades, plataformas como Tenderstool (Adjudicación TIC) ayudan a detectar oportunidades y posibles riesgos antes de que ocurra el problema: centralizan licitaciones y adjudicaciones del Sector Público, permiten crear alertas por organismo, CPV, palabras clave, importe o plazos, y ofrecen resúmenes claros de cada expediente (objeto, presupuesto, criterios, fechas clave). Para periodistas, empresas y ciudadanía, es una forma práctica de no perder de vista qué se contrata, con quién y en qué condiciones.
Usada con rigor, Tenderstool encaja en la misma lógica de transparencia y rendición de cuentas. Con alertas automáticas y paneles comparables, es más sencillo cruzar datos, identificar patrones inusuales y documentar historias. En resumen: denunciar cuando toca y monitorizar siempre; dos piezas que, juntas, elevan el listón de integridad pública.
