A pesar de la obligatoriedad de presentar todas las facturas en formato electrónico para la Administración Pública, más de la mitad de las empresas, el 54%, no han iniciado este cambio tecnológico y el 22% desconoce esta obligatoriedad y cómo cumplirla. Así lo desvela un estudio realizado por Seres entre 3.000 proveedores de las Administraciones de toda España durante el primer semestre de 2014. Por regiones, las empresas más preparadas son las de Madrid, seguidas por las de Andalucía y Cataluña y, en un tercer grupo, las empresas gallegas, valencianas y aragonesas.
Por tamaño, las grandes empresas son las más activas, si bien el 52% todavía no han iniciado su adaptación, el 47% ya lo está abordando y el 1% no sabe qué hay que hacer. Por su parte, el 52% de las pequeñas y medianas empresas todavía no han abordado el cambio. La situación más alarmante se da entre las micropymes, donde sólo un 2% ha iniciado su adaptación. “El estudio refleja el enorme retraso de algunas empresas en su adaptación al nuevo marco, a pesar de los esfuerzos de la Administración central, y todo apunta a que el próximo 15 de enero un alto porcentaje de los proveedores de las AAPP van a tener problemas para facturar electrónicamente, con graves consecuencias para su negocio”, explica Alberto Redondo, director de Marketing de Seres para España y Latinoamérica.
Para Seres, como especialistas en factura electrónica, la situación es preocupante y obliga a poner en marcha un plan de difusión y formativo nacional que permita a las empresas saber qué cambios tienen que hacer, en qué plazos, qué nuevos requisitos deben de cumplir, qué variables les afectan, etc. “Es un cambio que no sólo afecta al sector público y sus proveedores –recuerda Redondo–, sino también a empresas de determinados sectores considerados estratégicos, que van desde las eléctricas hasta las agencias de viajes”.
Este retraso en la adaptación al nuevo marco puede provocar un efecto “cuello de botella” a final de año, cuando todas las empresas intenten adaptarse al mismo tiempo. También llevará a muchas empresas a adoptar “soluciones parciales”, que les impedirán aprovechar las verdaderas ventajas del uso de la e-factura y les obligará a, en un futuro, volver a invertir en una solución completa. Además, les podría dejar sin capacidad de respuesta cuando sus clientes del sector privado le pidan factura electrónica.