A pesar de que se aprobó en Madrid el proyecto de Ley de acceso electrónico a los servicios de la Administración Electrónica, ninguno de los consejeros de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular acudieron a la cita, y en su lugar acudieron responsables de un cargo inferior. Este hecho, en opinión de la consejera de Justicia y Administraciones Públicas andaluza, María José López Granados, es positivo, porque demuestra que las comunidades del PP “no pueden decir que no a la ley”.
El proyecto de ley pretende implantar las ventajas en comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías, con especial atención a la gestión por Internet para constituir una administración en la red. Dicha medida fue anunciada el pasado 27 de octubre por Jordi Sevilla, quien detalló que destinará 1.900 millones de euros para equipar de recursos y medios a las diversas entidades de gobierno.
El objetivo es que las entidades públicas ganen en eficacia y rapidez en la gestión de las necesidades de los ciudadanos, regulando certificados y tramitaciones por medio del DNI o la firma electrónica, así como la operatividad de las Administraciones durante las 24 horas del día.
