Las redes de telecomunicaciones tradicionales, fijas y móviles, están inmersas en un proceso de transformación acelerado para afrontar las demandas de nuevos servicios convergentes, o de gran ancho de banda, y a la utilización masiva y creciente de servicios intensivos en transmisión de datos (vídeo, trabajo colaborativo, e-Salud, e-Administración, e-Educación, teletrabajo, etc); por lo que aquellas jugarán un papel clave en el desarrollo de la Sociedad de la Información y afectarán de forma decisiva a la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas.
La evolución de las redes es un proceso continuo y acelerado, intensivo en inversiones –en especial en la red de acceso- que comportan unos riesgos empresariales considerables (financieros, tecnológicos, de mercado, regulatorios), con ciclos de retorno a medio-largo plazo y que requieren un marco normativo estable que aporte certidumbre al mercado y unos retornos de inversión adecuados al riesgo existente. El sector de las telecomunicaciones tiene un gran impacto en los demás sectores de la economía y en la competitividad de las empresas, con un bien conocido efecto multiplicador de las inversiones en construcción de las redes sobre la economía española.
No debemos olvidar que la propia Comisión Europea (CE) considera que el papel de las TIC en esta nueva economía se materializa, en primer lugar a través del impacto directo del propio sector en las variables macroeconómicas, donde, en el pasado ejercicio, supuso un 5% del PIB y un 2,7% del empleo en el área de la UE27.
Más allá de los efectos directos, se encuentra su contribución como motor de crecimiento, de innovación en todas las ramas de actividad, de mejora de la productividad en términos generales; en definitiva se configura como un elemento clave para el desarrollo económico y para la mejora del nivel de cohesión social y territorial.
El importante efecto multiplicador de las inversiones en redes y servicios de comunicaciones electrónicas sobre la economía española, junto con la necesidad de satisfacer las demandas crecientes de ancho de banda de transmisión, de los mercados empresarial, profesional y residencial, son aspectos primordiales que deberían tenerse en cuenta en la definición de una política de impulso al desarrollo de las redes y servicios de Redes de Nueva Generación (NGN) Las relaciones de causalidad existentes en el trinomio inversión – innovación – productividad son sobradamente conocidas y no parece necesario insistir en destacar su importancia.
El despliegue de nuevas redes NGN viene motivado por la necesidad de disponer de la capacidad de ofrecer servicios avanzados sobre ellas. En primer lugar, porque los nuevos servicios requieren unas mayores capacidades de ancho de banda y en segundo lugar, porque en los entornos NGN desaparece la dependencia entre red y servicio. Esto permite, por un lado, desarrollar servicios a un coste menor que en entornos tradicionales, donde era necesario desplegar una red por cada servicio prestado y por otro lado, contar con unos tiempos de desarrollo más reducidos.
El desarrollo de las Redes de Nueva Generación (NGN) permitirá integrar servicios fijos, móviles y con contenidos digitales, y constará de tres partes fundamentales: el despliegue de las redes de acceso de nueva generación (NGA) cuya gran capilaridad requiere grandes inversiones , el núcleo o plataforma de la NGN (control, contabilidad, etc), y la red de transporte que conecte los accesos con el núcleo de la NGN, de las tres es la red de acceso la que requiere mayores inversiones en su despliegue inicial.
Las NGN permitirán satisfacer las diversas necesidades de las empresas (convergencia e integración de servicios, virtualización de servicios de datos, movilidad, localización) contribuyendo al desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios “over the top” que garanticen la cobertura de las necesidades empresariales, dado que estos nuevos factores son sobre los que se va a desarrollar las nuevas decisiones de la demanda.
La formación del híper-sector de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) internacional debida a la convergencia de los mercados, agentes y productos, junto con la globalización mundial de la economía, han provocado la transformación de las empresas en agentes multisectoriales con perfiles amplios y multi-negocio (mezcla de operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios y contenidos de Internet, desarrolladores de aplicaciones, fabricantes de dispositivos y equipos, distribuidores, desarrolladores, etc.) haciendo que los modelos regulatorios y normativos tradicionales específicos del sector por tipo de red empiecen a ser cuestionados en su validez actual y respecto al cumplimiento de su finalidad principal de beneficiar a los usuarios, aumentar su libertad de elección, promover una competencia eficiente y sostenible en el mercado y crear incentivos al despliegue y extensión de las redes.
Las NGN suponen la evolución en global de las actuales redes de cobre hacia redes de fibra, así como hacia una multitud de servicios avanzados de acceso inalámbrico como LTE, Wifi/ WiMax, etc. En ellas las troncales evolucionarán hacia la fibra óptica, y un protocolo único (TCP/IP), y en paralelo en el acceso también se producirá una evolución hacia la fibra y/o conexiones inalámbricas. Para referirse a esta evolución en el acceso se habla a veces de nueva generación de acceso (NGA). En su implantación se suscitan debates importantes, como los relacionados con el concepto de calidad de servicio, independencia entre el transporte y las aplicaciones.
La evolución hacia la NGN en el acceso (denominada como la NGA) viene motivada fundamentalmente por aumentar las capacidades para proporcionar servicios de mayor ancho de banda a los usuarios finales y exige cuantiosas inversiones iniciales. El objetivo final es la disponibilidad de una red multiservicio para el transporte de audio, video, y datos, no sólo orientado a las empresas, si no con capilaridad suficiente hasta los usuarios. En líneas generales, cuando hablemos de la NGN, lo estaremos haciendo también de la NGA.
La regulación de las NGN es un tema complejo, su despliegue requiere de cuantiosas inversiones y asumir importantes riesgos. Por ello, fomentar, o no, la inversión en infraestructuras es uno de los principales retos que la política industrial de telecomunicaciones debe abordar. Primar soluciones que requieran pocas inversiones iniciales en detrimento de soluciones inversoras, propicia la dependencia de los operadores de una determinada infraestructura y poca o nula diferenciación entre los operadores en cuanto a productos y servicios a ofrecer a los clientes finales, llevando a competir únicamente en precios, restando valor al mercado; generando escaso valor industrial.
Si por el contrario, la regulación fomenta la inversión y la innovación, y se crean las condiciones necesarias, los operadores con toda probabilidad desplegarán infraestructuras alternativas que permitan diferenciar productos y servicios para competir no ya sólo en precio, sino en condiciones y características diferenciadas de los productos.
El impacto de estas nuevas redes no será inmediato ya que el despliegue de una nueva red es un fenómeno que se produce en raras ocasiones y que lleva su tiempo. Es por ello importante que todos los agentes del mercado, reguladores, administraciones, usuarios y operadores, afronten los múltiples retos que plantea el despliegue de nuevas redes fijas. Por tanto desde el punto de vista regulatorio, es preciso encontrar un adecuado equilibrio que permita eliminar las barreras innecesarias a la inversión eficiente en nuevas redes, asegurando a los agentes un adecuado retorno de la inversión realizada y procurando al mismo tiempo que estas inversiones fomenten un entorno de competencia efectiva.
Los principales operadores de telecomunicaciones europeos aseguran que están dispuestos a desplegar nuevas redes de alta velocidad de Internet, siempre que sea “económicamente viable” y bajo un marco legal que fomente las grandes y “arriesgadas” inversiones necesarias para ello, por eso consideramos que la Administración española debería crear un marco favorable para atraer e incentivar esas inversiones empresariales.
Desde el sector empresarial y residencial se necesita que exista certidumbre regulatoria y el incentivo a estas inversiones para permitir cubrir sus necesidades de demanda y lograr un verdadero valor añadido diferencial; al igual que desde el híper-sector TIC para permitir innovar y desarrollar nuevas aplicaciones y contenidos.
