Los datos de adjudicación pública en tecnología correspondientes a 2025 confirman un cambio de fase en la inversión digital del sector público. Según TendersTool / AdjudicacionesTIC, las administraciones españolas adjudicaron a lo largo del año 4.241 millones de euros repartidos en 12.582 contratos, una cifra relevante en términos absolutos, pero sensiblemente inferior a la registrada en los dos ejercicios anteriores. Se trata, además, de importes adjudicados (no de gasto ejecutado), lo que implica compromisos que se desplegarán durante varios años, pero que ya reflejan con claridad el nuevo ritmo del mercado público TIC.
La evolución mensual de 2025 dibuja un patrón muy marcado. El ejercicio comenzó con un nivel contenido de actividad. Con enero y febrero moviéndose entre los 250 y los 400 millones de euros adjudicados. A partir de la primavera, el volumen creció de forma progresiva hasta alcanzar un primer tramo de estabilidad en abril y junio, con cifras cercanas a los 400–450 millones.
El punto álgido llegó en julio, que se consolidó como el mes de mayor inversión del año, rozando los 700 millones de euros y superando ampliamente el millar de adjudicaciones. A partir de ese momento, el mercado se ralentizó de forma evidente. Desde agosto los importes retroceden y el último tramo del año muestra un desplome acusado, con noviembre y diciembre cerrando en torno a los 200 y 100 millones respectivamente. La caída también se traslada al número de contratos, que pasa de más de 1.000 adjudicaciones mensuales en la primera mitad del año a cifras muy reducidas en el cierre del ejercicio.
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Comparativa con años anteriores
El contraste con 2024 es significativo. Ese año, la contratación tecnológica superó los 5.900 millones de euros y se apoyó en más de 18.400 contratos, con una distribución más equilibrada a lo largo del calendario. Durante la primera mitad del ejercicio, los importes mensuales oscilaron entre los 350 y los 600 millones, con un primer repunte en junio. El verano marcó un salto de actividad, especialmente en julio, y el verdadero máximo se alcanzó en octubre, cuando las adjudicaciones rozaron los 700 millones y el número de contratos alcanzó su techo del trienio. Incluso el cierre del año mantuvo un nivel elevado, con diciembre por encima de los 500 millones, muy lejos de las cifras registradas en el mismo periodo de 2025.
El ejercicio 2023, por su parte, se sitúa claramente en otro nivel. Con casi 7.400 millones de euros adjudicados y 18.831 contratos, fue el año de mayor intensidad inversora. El gráfico mensual muestra un comportamiento excepcional, con un pico extraordinario en marzo que superó los 1.100 millones de euros. Impulsado por grandes proyectos de transformación digital ligados al despliegue inicial de los fondos europeos. Tras ese máximo, el resto del año mantuvo importes elevados y relativamente estables, salvo el habitual descenso de agosto, antes de recuperar fuerza en el último trimestre. El volumen y la concentración de contratos de 2023 reflejan una fase de expansión difícilmente replicable en los ejercicios posteriores.
La comparación entre los tres años confirma una reducción progresiva del gasto tecnológico adjudicado. De los 7.372 millones de 2023 se pasó a 5.931 millones en 2024 y a 4.241 millones en 2025. Este descenso responde a una combinación de factores. En primer lugar, buena parte de los grandes proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se licitaron entre 2022 y 2023. Lo que deja a 2024 y, especialmente, a 2025 como años centrados en la ejecución, el soporte y el mantenimiento de infraestructuras ya desplegadas. A ello se suma la finalización de algunos programas clave, como el Componente 11 del PRTR, y la recta final del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021–2025, que reducen el margen para nuevos macroconcursos.
Otras tendencias observadas
El análisis mensual permite, además, identificar patrones recurrentes. En los tres ejercicios se observa una clara estacionalidad. Con menor actividad al inicio del año y repuntes en los meses centrales o finales, ligados a la aprobación presupuestaria y a la necesidad de comprometer créditos antes de su cierre. También se aprecia un cambio en la naturaleza de la contratación.
La relación entre importe y número de contratos se vuelve menos directa, lo que apunta a un desplazamiento desde grandes proyectos de transformación hacia una contratación más fragmentada, basada en servicios, mantenimiento y evolución de sistemas.
En conjunto, los datos reflejan el paso desde un ciclo expansivo de inversión pública en tecnología hacia una etapa de consolidación. En la que la prioridad ya no es desplegar nuevas plataformas, sino hacer sostenibles y operativas las ya existentes.
