El cambio de enfoque es claro: la Comisión pretende que la contratación pública deje de ser un mecanismo neutral y pase a operar como palanca industrial. La propuesta se integra en el Industrial Accelerator Act, previsto para presentarse a finales de febrero de 2026 y orientado a reforzar la competitividad europea en un momento de presión por importaciones baratas y de urgencia por descarbonizar la industria.
En un discurso reciente, Ursula von der Leyen avanzó que se introducirán requisitos de contenido europeo en sectores estratégicos, incluyendo exigencias ligadas al bajo carbono en compras públicas.
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¿Cómo se traduciría en los pliegos?
El borrador filtrado plantea que, en determinados ámbitos, los contratos y esquemas públicos incorporen mínimos (no solo preferencias) relativos a:
- Origen UE (contenido de origen Unión).
- Baja huella de carbono (criterios low-carbon) en bienes industriales especialmente intensivos en energía.
La lógica es desplazar parte de la competencia desde el precio hacia resiliencia, trazabilidad y desempeño climático, con un sistema que la Comisión podrá concretar mediante desarrollo posterior.
Sectores estratégicos: del acero a tecnologías de transición
Los textos conocidos y las informaciones publicadas sitúan el foco inicial en materiales y cadenas industriales donde Europa busca recuperar capacidad productiva:
- Acero, aluminio y cemento, por su papel en obra pública y transición energética.
- Automoción y compra pública asociada, en la medida en que puede activar demanda de fabricación europea.
- Tecnologías cero emisiones y equipos vinculados a la transición industrial, en un marco más amplio de made in Europe.
En paralelo, la conversación industrial europea está conectando estas cláusulas con otros ámbitos emergentes, por ejemplo, hidrógeno verde y electrolizadores, donde el sector reclama reglas de compra pública que eviten repetir la dependencia creada en su día con la industria solar.
La iniciativa abre un frente político y económico inmediato. Por un lado, cuenta con apoyos explícitos en Bruselas: el comisario Stéphane Séjourné ha defendido una estrategia Made in Europe para proteger base industrial y autonomía estratégica.
Por otro, varias industrias advierten de riesgos: si los umbrales son rígidos o la definición de europeo es demasiado restrictiva, podría haber tensión en cadenas de suministro, encarecimiento de proyectos públicos y litigiosidad en licitaciones. Ese choque de visiones aparece también reflejado en las coberturas europeas sobre el paquete.
Qué puede cambiar en España
Para España, el efecto sería práctico en dos capas:
- Diseño de pliegos y verificación. Si se fijan mínimos de origen/huella en categorías concretas, las administraciones deberán traducirlos a requisitos verificables: certificaciones, trazabilidad de suministro, metodologías de cálculo de carbono y mecanismos de control en ejecución.
- Compras de infraestructuras y tecnología asociada. Aunque el foco inicial sea industrial, la orientación del paquete, y su encaje con revisiones de contratación pública en 2026, empuja a incorporar criterios de resiliencia, seguridad y dependencia en sectores estratégicos, lo que puede repercutir en adquisiciones de infraestructura crítica, equipamiento y servicios vinculados a la transición industrial y energética.
En términos de mercado, el giro puede alterar estrategias de proveedores: más peso a fabricación/localización en la UE, acuerdos con cadena europea y oferta con baja huella certificable.
Próximos pasos: calendario y negociación
El paquete se espera a finales de febrero de 2026, con el 25 de febrero como fecha mencionada en prensa. A partir de ahí se abre la negociación política y técnica: definición de sectores, umbrales, metodología de low-carbon, compatibilidad con compromisos internacionales y, sobre todo, cómo evitar que la preferencia europea se convierta en un elemento de bloqueo de proyectos públicos por falta de oferta o por sobrecostes.
En lo inmediato, la señal es nítida: Bruselas quiere que el presupuesto público actúe como demanda tractora para reindustrialización y descarbonización. La intensidad del cambio dependerá del texto final y de hasta dónde llegue el perímetro de sectores estratégicos, pero el debate ya está abierto y afectará a cómo se licita en la contratación pública europea y española.
Del seguimiento de adjudicaciones a la detección de requisitos
Si la UE introduce requisitos de origen UE y baja huella de carbono en compras públicas, el valor de herramientas como TendersTool crece por dos razones: permite seguir el gasto real y la intención de gasto en contratación tecnológica y, además, detectar cambios en criterios de adjudicación que puedan alterar quién gana y por qué. En la práctica, la plataforma ya se presenta como un servicio de inteligencia de datos para licitaciones y adjudicaciones TIC de la Administración, con filtros por organismo, procedimiento y variables competitivas.
En España, esa monitorización puede volverse aún más relevante si el nuevo marco europeo se traduce en pliegos con cláusulas de origen, sostenibilidad o resiliencia: con TendersTool se puede observar en qué áreas tecnológicas se concentra el volumen (por ejemplo, grandes partidas en outsourcing, mantenimiento, telecomunicaciones o cloud) y, a partir de ahí, vigilar qué expedientes empiezan a incorporar exigencias alineadas con el Industrial Accelerator Act.
