El Ejecutivo comunitario abrió una investigación formal en diciembre de 2023 y avanzó conclusiones preliminares en julio de 2024. Tras casi un año de análisis, la Comisión constató que el 5 de diciembre de 2025 se había incurrido en tres infracciones graves. La primera es el diseño engañoso del distintivo de verificación azul: la red social permite comprar la etiqueta sin comprobación efectiva de identidad, lo que induce al público a creer que se trata de cuentas auténticas y facilita fraudes de suplantación.
La segunda infracción es la falta de transparencia en el repositorio de anuncios. La DSA exige que las grandes plataformas mantengan un archivo público y accesible de publicidad para que ciudadanos e investigadores evalúen campañas y detecten estafas. Según la Comisión, X oculta información clave sobre el contenido, la temática y la entidad que financia cada anuncio, e impone barreras de acceso, vulnerando así las normas de la UE. La tercera violación se refiere a la negativa a facilitar datos públicos a investigadores elegibles; las condiciones de servicio de X prohíben incluso el scraping de datos y los procedimientos internos dificultan la entrega de información, lo que según Bruselas impide evaluar riesgos sistémicos.
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Desglose de la sanción
La sanción, que suma 120 millones de euros, se desglosa en 45 millones por la marca azul engañosa, 35 millones por el repositorio publicitario insuficiente y 40 millones por obstaculizar el acceso a datos. La Comisión recordó que la DSA permite multas de hasta el 6% de la facturación global, pero defendió que el importe impone un coste superior al de cumplir la normativa y sirve de disuasión para otras plataformas. X dispone ahora de 60 días para corregir la verificación azul y de 90 días para presentar un plan que subsane la opacidad de su repositorio y el acceso a datos.
La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, afirmó que “engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultar información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en Internet en la UE”. Añadió que las normas se aplican a todas las plataformas sin importar su origen, señalando que la UE investiga compañías europeas, estadounidenses, chinas y canadienses. Sin embargo, personalidades de Estados Unidos criticaron la decisión: el senador Marco Rubio calificó la multa de “ataque a las empresas tecnológicas de EEUU”; el presidente de la FCC, Brendan Carr, acusó a Bruselas de gravar a los estadounidenses para subsidiar a Europa; y el embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, alegó que las grandes multas europeas se dirigen solo contra firmas de su país.
Transición a herramientas de análisis
En un contexto donde la UE exige transparencia y datos accesibles, las empresas y administraciones necesitan herramientas que les permitan anticipar riesgos y evaluar la inversión pública. TendersTool (Adjudicaciones TIC) es una plataforma de inteligencia de mercado especializada en contratación pública del sector tecnológico. Funciona como un portal neutral que recopila adjudicaciones, licitaciones, compras centralizadas y anuncios previos de organismos locales, regionales y nacionales. Su servicio es 100% online; permite realizar búsquedas por título, valor, área tecnológica, territorio o tipo de concurso, y presenta los resultados mediante gráficos interactivos. Además, ofrece información competitiva, como alertas de expiración de contratos, ratios de reducción de precios y criterios de adjudicación.
El valor de plataformas como TendersTool se evidencia en sus análisis del mercado. Según su Mapa del Gasto TIC 2025, las administraciones públicas españolas adjudicaron cerca de 4.000 millones de euros en tecnología entre enero y noviembre de 2025, con outsorcing, mantenimiento y servicios de telecomunicaciones como las principales partidas. Informes semestrales citados por publicaciones especializadas destacan que el gasto público tecnológico cayó un 26% en la primera mitad de 2025 y que más de 2.000 entidades licitaron contratos por 3.816 millones de euros entre enero y abril de 2024. Tales datos permiten a empresas planificar mejor sus estrategias y a las administraciones diseñar políticas basadas en evidencia, demostrando que herramientas de análisis y transparencia son esenciales en el nuevo ecosistema digital.
