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EEUU desinvierte justo cuando las amenazas se multiplican
El anuncio de la administración estadounidense de reducir en casi 500 millones de dólares el presupuesto de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha encendido las alarmas entre expertos del sector. En un momento en el que los ciberataques son más frecuentes, sofisticados y dirigidos, Estados Unidos parece estar aflojando la vigilancia sobre su propio territorio digital.
“Recortar en ciberseguridad es como bajar la guardia en mitad del combate. Europa ha entendido que no hay transformación digital sin protección digital”, advierte Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España.
Consecuencias de la desinversión
Las consecuencias del recorte van más allá del impacto presupuestario. Programas clave orientados a combatir la desinformación, coordinar amenazas regionales o proteger infraestructuras críticas están en riesgo de desaparecer. Además, más de 1.000 profesionales especializados podrían quedar fuera del sistema, debilitando la capacidad nacional de respuesta frente a incidentes y comprometiendo el flujo de inteligencia compartida.
También podrían resentirse los mecanismos de colaboración entre gobiernos estatales y locales, cuya seguridad depende en gran medida de las alertas tempranas, la compartición de buenas prácticas y las herramientas desarrolladas por agencias federales. Incluso sistemas globales de referencia como la base de datos CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) podrían ver limitada su financiación. Un retroceso que, según ESET, tendrá consecuencias a medio plazo en todo el ecosistema internacional de ciberseguridad.
La Unión Europea acelera: más legislación, más inversión, más soberanía digital
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa avanza en sentido contrario. La Unión Europea ha convertido la ciberseguridad en una prioridad estratégica, con una hoja de ruta clara que combina legislación exigente, inversión a gran escala y autonomía tecnológica.
Ley de Cibersolidaridad
La reciente aprobación de la Ley de Cibersolidaridad marca un hito en la creación de un escudo digital común. Esta normativa establece un sistema paneuropeo de alerta temprana basado en una red interconectada de Centros de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), capaces de compartir información crítica en tiempo real. Además, se activará una reserva de equipos de respuesta rápida que podrá intervenir en cualquier país miembro ante incidentes graves, replicando un modelo de defensa digital colectivo.
Este enfoque se ve respaldado por inversiones concretas. El programa Europa Digital 2025–2027 destina 1.300 millones de euros al impulso de tecnologías clave, entre ellas la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Paralelamente, se está desarrollando la Base de Datos Europea de Vulnerabilidades (EUVD), gestionada por ENISA, que busca reducir la dependencia de herramientas estadounidenses y consolidar la soberanía tecnológica europea.
En paralelo, se endurecen las obligaciones para las empresas mediante normativas como NIS2 y la Ley de Ciberresiliencia, que elevan los estándares mínimos exigidos para operadores de servicios esenciales y proveedores digitales. La UE deja atrás el enfoque voluntarista: ahora regula, exige y audita. Y lo hace con una visión integradora, donde la ciberseguridad no es solo una exigencia técnica, sino un elemento transversal de la competitividad económica y la estabilidad democrática.
España: una estrategia de Estado para blindar infraestructuras y confianza ciudadana
España se ha consolidado como uno de los países más proactivos en materia de ciberseguridad dentro del ámbito europeo. En mayo de 2025, el Gobierno aprobó un plan extraordinario de refuerzo dotado con 1.157 millones de euros, destinado a proteger infraestructuras críticas, reforzar los sistemas del sector público y aumentar las capacidades de ciberdefensa nacional.
Esta inversión complementa el Plan Nacional de Ciberseguridad vigente e iniciativas como el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, creado bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional. También destacan desarrollos específicos como el SOC nacional para redes 5G, así como la implementación de plataformas automatizadas de auditoría que permiten a las administraciones públicas, incluso las locales, elevar su nivel de protección frente a ciberamenazas.
Los datos respaldan esta apuesta. Según el informe ESET Threat Report H1 2025, España es el segundo país del mundo en volumen de amenazas detectadas, solo por detrás de Japón. No obstante, también figura por encima de la media europea en capacidad de respuesta, según el Índice Global de Ciberseguridad de la UIT. Un ecosistema que, lejos de ser vulnerable, demuestra fortaleza y anticipación frente a un entorno de riesgo creciente.
Cooperación público-privada como motor de resiliencia digital
Una de las diferencias más notables entre el enfoque europeo y el estadounidense está en la visión sobre el papel del sector privado. Mientras los recortes en EE. UU. limitan la participación de empresas en proyectos federales, Europa está generando un entorno de colaboración y corresponsabilidad con la industria tecnológica.
Las compañías europeas podrán integrarse en la reserva de respuesta digital, participar en programas de innovación financiados por fondos europeos y acceder a sistemas de certificación paneuropeos que les permitirán competir en mercados cada vez más exigentes.
Fomentar el talento en ciberseguridad
Además, se ha puesto en marcha una estrategia clara de fomento del talento. Muchos de los fondos se destinarán a la formación de nuevos perfiles profesionales, al impulso de carreras STEM y a programas de capacitación en ciberseguridad para jóvenes y personas en transición laboral. Lejos de reducir plantillas, Europa está ampliando su base de talento digital.
Todo ello se traduce en beneficios directos para el ciudadano. Desde escuelas más seguras, pasando por servicios públicos protegidos hasta aplicaciones gubernamentales más robustas, la ciberseguridad se consolida como un factor que garantiza no solo la privacidad, sino la confianza digital como bien público.
PREGUNTAS
1. ¿Qué significa el recorte en la CISA para EE. UU.?
Supone una disminución de capacidades clave de defensa, vigilancia, coordinación e innovación tecnológica en ciberseguridad.
2. ¿Cómo está respondiendo Europa a las amenazas digitales?
Con leyes más estrictas, inversión millonaria y una estrategia de cooperación multinacional para mejorar prevención, detección y respuesta.
3. ¿Qué papel juega España en este nuevo contexto?
España lidera con una inversión de 1.157 millones de euros, centros especializados y una estrategia coordinada con el resto de la UE.
4. ¿Qué impacto tienen estas decisiones en los ciudadanos?
Mayor protección digital, servicios públicos más seguros, defensa de datos personales y mejor respuesta ante incidentes.
