El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reunió en Nueva Delhi con el enviado especial de la ONU para Tecnologías Digitales y Emergentes, Amandeep Gill, para acelerar los preparativos del futuro Laboratorio de IA para la Humanidad, que se instalará en Valencia. El encuentro tuvo lugar en el marco de la Global AI Impact Summit 2026.
La relevancia del anuncio va más allá de una sede institucional. El Gobierno subraya que esta nueva unidad de Naciones Unidas en España se pondrá en marcha en el primer semestre de 2026, lo que coloca al país en una posición destacada dentro del debate internacional sobre cómo regular y orientar el desarrollo de la IA.
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Un laboratorio con sello español y vocación internacional
España aportará 3 millones de euros para impulsar el proyecto, que funcionará como una sección de la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de la ONU y se ubicará en las instalaciones que UNOPS ya tiene en Valencia.
Según la nota oficial, el laboratorio trabajará en normas y políticas de IA, clasificación de riesgos y apoyo al despliegue de iniciativas multilaterales como el Pacto Digital Global, el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA y el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA.
En ese contexto, el Ejecutivo insiste en el perfil propio de España: una estrategia de IA responsable, vinculada a los derechos digitales, con referencias a la AESIA y a los sandboxes regulatorios ya activados para orientar a empresas en el uso de esta tecnología.
Con este movimiento, España no solo alberga una estructura de la ONU, sino que se proyecta como uno de los países europeos que quiere influir en las reglas del juego de la inteligencia artificial antes de que las decisiones se tomen únicamente desde los grandes polos tecnológicos.
Del anuncio de la ONU al mercado real
La apuesta de España por albergar en Valencia el Laboratorio de IA para la Humanidad de la ONU encaja con una tendencia que ya se ve en la contratación pública: la tecnología se está tratando como una política estructural de Estado, no como una partida puntual. En ese sentido, TendersTool resulta útil para leer el suelo del mercado mientras el Gobierno marca el techo regulatorio e institucional con este movimiento internacional.
Los datos de TendersTool sobre 2025 muestran precisamente ese patrón: el grueso del gasto TIC público en España se concentró en outsourcing IT (841 millones), mantenimiento (626 millones) y servicios de telecomunicaciones (466 millones), con un total cercano a 4.400 millones y más de 12.800 adjudicaciones, lo que refleja una prioridad por sostener servicios, capacidad y conectividad. Si el laboratorio de la ONU en Valencia impulsa criterios de gobernanza y gestión del riesgo en IA, es previsible que esa orientación termine influyendo también en cómo se diseñan y adjudican futuros contratos públicos españoles, especialmente en cloud, software y servicios tecnológicos avanzados.
